La legislatura de California aprobó la Assembly Bill 1709 (AB 1709), una ley que prohíbe a las plataformas de redes sociales ofrecer algoritmos de recomendación y otras funciones básicas de personalización a usuarios menores de 16 años. La Electronic Frontier Foundation (EFF) calificó la norma como “una pesadilla masiva de privacidad y libre expresión” y solicitó formalmente al gobernador Gavin Newsom que la vete antes de su entrada en vigor, prevista para enero de 2027.
La ley cataloga como “funciones adictivas” a herramientas que en la práctica son los cimientos del funcionamiento de cualquier servicio digital: desde los feeds ordenados por relevancia hasta el registro de a quién sigue un usuario o qué publicaciones marca con “me gusta”. La EFF sostiene que esa clasificación se apoya en evidencia científica todavía debatida sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental juvenil, y que la consecuencia práctica es que los menores de 16 años quedarán excluidos de la mayoría de los servicios digitales tal como existen hoy.
Qué prohíbe AB 1709 y por qué la EFF pide el veto
Bajo AB 1709, las plataformas no podrán ofrecer a menores de 16 años prácticamente ningún algoritmo de recomendación automatizado ni funciones básicas de personalización. Dado que casi todos los servicios mayoritarios operan sobre feeds automatizados, la EFF advierte que el resultado no es una restricción acotada sino una exclusión funcional total. La organización argumenta, además, que la ley daña especialmente a grupos vulnerables y comunidades marginadas que utilizan los espacios digitales para acceder a redes de apoyo que no encuentran fuera de línea.
La solicitud de veto presentada por la EFF ante el gobernador Newsom señala que investigaciones disponibles indican que las prohibiciones de redes sociales son ineficaces y pueden ser contraproducentes: privan a los jóvenes de entornos donde desarrollan voz propia, practican su fe, comparten arte o participan en debates políticos. La organización cita, entre otras fuentes, un análisis de Brookings Institution sobre el impacto de estas prohibiciones en la infancia.
El debate sobre evidencia científica detrás de las restricciones a menores
Un punto central del cuestionamiento a AB 1709 es que la ciencia sobre el efecto de las redes sociales en menores dista de estar resuelta. La EFF ha documentado en análisis previos que el consenso académico es más débil de lo que suelen presentar los promotores de estas leyes: los estudios muestran correlaciones, pero la causalidad entre uso de redes y daño psicológico sigue siendo objeto de disputa metodológica. Legislar con restricciones tan amplias sobre una base empírica incierta genera un riesgo regulatorio concreto: los efectos secundarios sobre derechos fundamentales pueden superar los beneficios previstos.
El caso de AB 1709 se inscribe en una tendencia que atraviesa varios estados de EE. UU. desde 2023, con distintos grados de ambición normativa, y que comparte argumentación con propuestas similares en otros países anglosajones, como la ley australiana que desde 2025 prohíbe el acceso a redes sociales para menores de 16 años. En todos los casos, el debate central es el mismo: cómo proteger a la infancia sin sacrificar derechos de acceso a la información y libertad de expresión.
Argentina, Brasil y México ante la regulación de menores en plataformas digitales
En América Latina, el tema avanza con ritmos distintos. Brasil sancionó en 2024 la Ley 14.811, que regula el uso de plataformas digitales por menores y obliga a los servicios a adoptar configuraciones de privacidad reforzadas para usuarios de hasta 18 años; su implementación sigue siendo monitoreada por la Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). En México, el Congreso debatió durante 2024 iniciativas para regular el acceso de menores a redes sociales, pero sin alcanzar un texto consensuado; el marco vigente sigue siendo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), que no contempla restricciones etarias específicas para plataformas. Argentina, por su parte, carece de legislación específica sobre acceso de menores a redes sociales más allá de las disposiciones generales de la Ley 25.326 y las resoluciones de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que no abordan algoritmos de recomendación.
Lo que muestra el caso californiano es que incluso las jurisdicciones con mayor capacidad técnica y legal para regular enfrentan dificultades para diseñar normas que no colisionen con otros derechos. Para los reguladores latinoamericanos que observan estas experiencias como modelos, la lección es que el diseño importa tanto como la intención: una prohibición amplia de algoritmos puede resultar más costosa en términos de derechos que el problema que busca resolver.
Qué cambia para plataformas con operaciones en LATAM si AB 1709 entra en vigor
Si el gobernador Newsom no veta la ley, las plataformas globales con usuarios en California deberán rediseñar sus sistemas de recomendación para segmentar por edad antes de enero de 2027. Eso implica verificación de edad funcional, arquitecturas técnicas separadas para menores y adultos, y políticas de datos diferenciadas. Cualquier plataforma que opere también en Brasil, México o Argentina deberá gestionar esas obligaciones en paralelo con los marcos locales —a menudo menos específicos pero igualmente exigentes en materia de consentimiento y datos de menores—, lo que incrementa la complejidad de cumplimiento para equipos legales y de producto que ya operan en múltiples jurisdicciones.
Nuestro análisis
AB 1709 pone en evidencia una tensión que las legislaturas de la región deberán resolver antes o después: la protección de la infancia en entornos digitales no puede construirse únicamente sobre restricciones de acceso sin evaluar el costo en derechos. La crítica de la EFF no niega que los algoritmos de recomendación puedan diseñarse mejor; lo que objeta es que una prohibición funcional total —sostenida en evidencia científica contestada— es un instrumento desproporcionado. Para LATAM, donde el debate regulatorio sobre menores y plataformas está en etapa temprana, el proceso californiano ofrece una advertencia de primera mano: la velocidad legislativa sin testeo de impacto produce normas que los tribunales o los propios ejecutivos terminan frenando.
Si Newsom firma AB 1709, los reguladores latinoamericanos verán en California tanto un precedente como un experimento cuyo resultado todavía no está escrito.
