Colombia logró posicionarse por encima del promedio de la OCDE en madurez de gobierno digital, según se informó a partir de la edición más reciente del índice de la organización. El dato es relevante en una región donde Brasil, México y Argentina aún consolidan sus marcos de interoperabilidad. Sin embargo, el diagnóstico también expone una brecha estructural: superar métricas de adopción tecnológica no equivale a tener datos públicos integrados, interoperables y gobernados de manera coherente.
Qué mide la OCDE y dónde quedó Colombia en el índice 2025
El índice de Gobierno Digital de la OCDE evalúa seis dimensiones: digital by design, gobierno impulsado por datos, gobierno como plataforma, gobierno abierto, proactividad y fiabilidad. Colombia habría obtenido una puntuación agregada que supera el promedio de los 38 miembros plenos de la organización, según se informó desde Portafolio.co. El logro no es menor: el país no es miembro pleno de la OCDE —aunque se encuentra en proceso de adhesión— y compite en el índice junto a naciones con infraestructuras digitales consolidadas desde hace más de una década.
La dimensión donde Colombia acusa mayor rezago, según la misma fuente, es la integración de servicios: la capacidad de que distintas entidades del Estado compartan datos entre sí para ofrecer trámites sin fricción al ciudadano. Esa brecha no es técnica en su origen —es de gobernanza: quién es el responsable del dato, bajo qué condiciones se comparte, quién resuelve conflictos de calidad o clasificación entre entidades.
La Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1413 de 2023 como marco de fondo
Colombia opera su ecosistema de datos públicos bajo un doble marco normativo. Por un lado, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 regula la protección de datos personales y establece restricciones al intercambio de información entre entidades públicas cuando ese intercambio involucra datos de ciudadanos. Por otro, el Decreto 1413 de 2023 —que adopta la Política de Gobierno Digital— obliga a las entidades del orden nacional a implementar estándares de interoperabilidad a través de la plataforma X-Road Colombia, adaptación local del sistema estonio. La tensión entre ambos marcos es real: los equipos jurídicos de muchas entidades interpretan la Ley 1581 como un freno al intercambio de datos, cuando en rigor la norma permite el tratamiento con base legal distinta al consentimiento si existe una función pública legítima.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) comparten responsabilidad en este ecosistema, pero la línea de ownership sobre los datos sectoriales —salud, tributario, registral— sigue siendo difusa. Esa difusión de responsabilidad es exactamente lo que los marcos de gobernanza de datos describen como ausencia de data stewardship efectivo a nivel organizacional.
Brasil, México y Chile: tres modelos de integración con distinto grado de madurez
La comparación regional permite calibrar dónde está parada Colombia. Brasil avanzó con la Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei 13.709/2018) y, en paralelo, con el programa Conecta Gov, que articula APIs entre ministerios bajo supervisión de la Secretaria de Governo Digital (SGD). La ANPD brasileña ha emitido resoluciones específicas sobre el tratamiento de datos en contexto de gobierno digital, lo que da certeza jurídica al intercambio intersectorial. México, por su parte, opera la Plataforma Nacional de Transparencia bajo el INAI, pero la fragmentación entre poderes federales y estados hace que la interoperabilidad sea más aspiracional que efectiva; la LFPDPPP aplica al sector privado y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (2017) regula el sector público, aunque su enforcement sigue siendo inconsistente. Chile presenta el caso más avanzado en términos de diseño institucional: la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales —promulgada en 2024— contempla disposiciones específicas para el tratamiento por parte de órganos del Estado y establece la futura Agencia de Protección de Datos con competencia sobre el sector público, algo que Colombia todavía no tiene de manera plena con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Por qué el dato de integración importa más que el ranking agregado
Un índice agregado puede enmascarar desequilibrios internos. Que Colombia puntúe bien en dimensiones como gobierno abierto o proactividad —donde la publicación de datasets y la comunicación proactiva al ciudadano suman puntos— no resuelve el problema operativo de que un trámite de subsidio habitacional requiera que el ciudadano aporte documentación que el Estado ya posee en otro sistema. Esa fricción tiene un costo medible: según estimaciones del Banco Mundial para países de ingreso medio-alto, la falta de interoperabilidad en servicios públicos puede representar hasta un 2% del PIB en ineficiencia administrativa acumulada. Colombia no ha publicado una estimación propia de ese costo.
Para los equipos de gobernanza de datos en el sector público colombiano, el diagnóstico de la OCDE es una palanca de gestión concreta. El Modelo de Gestión de Datos del sector público colombiano —articulado en la Guía para la Gestión de Datos del MinTIC— tiene correspondencia con el marco DAMA-DMBOK en sus componentes de calidad, integración y metadatos, pero su adopción efectiva por entidad varía de manera significativa. La ausencia de un catálogo de datos centralizado con ownership asignado por dominio es el punto de mayor fricción.
Nuestro análisis: el riesgo de confundir madurez digital con gobernanza de datos
El resultado de Colombia en el índice OCDE es genuinamente positivo y merece reconocimiento. Pero el riesgo político de un ranking favorable es que desvía la atención de las brechas que el propio índice señala. La dimensión de integración de servicios no es un detalle técnico: es el test de si el Estado puede operar como una plataforma de datos coherente o si sigue siendo un archipiélago de silos. La OCDE, en sus recomendaciones de Gobierno Digital de 2022 (OECD Recommendation on Digital Government Strategies), es explícita al señalar que la interoperabilidad requiere acuerdos de gobernanza antes que infraestructura tecnológica. Colombia tiene la infraestructura —X-Road funciona— pero los acuerdos de gobernanza intersectorial siguen siendo ad hoc, bilaterales y frágiles ante cambios de gobierno.
El punto de acción más urgente no es técnico: es definir quién tiene autoridad para resolver desacuerdos de datos entre entidades. Esa figura —equivalente a un data steward ejecutivo con mandato transversal— no existe formalmente en el organigrama del Estado colombiano. Mientras no exista, cada integración de servicios será una negociación política, no un proceso gobernado.
Superar a la OCDE en el promedio agrega un logro al historial; resolver la integración de datos públicos sería el argumento real para la adhesión plena.
