La Electronic Frontier Foundation (EFF) publicó una guía práctica de privacidad en línea dirigida a familias, con énfasis en que son los padres —y no los gobiernos— quienes deben decidir cómo sus hijos se relacionan con el entorno digital. La iniciativa llega en un momento en que varios estados de Estados Unidos debaten leyes de verificación de edad que, según la organización, comprometen la privacidad de todos los usuarios de internet.
El recurso, disponible en el portal de autodefensa digital de la EFF bajo el módulo “Online Privacy for Parents and Youth”, está diseñado para familias sin conocimientos técnicos. La premisa es concreta: identificar las amenazas reales que enfrentan los jóvenes en línea —desde confiar ciegamente en chatbots de inteligencia artificial hasta compartir datos personales con desconocidos— y luego definir pasos proporcionales para reducir esos riesgos sin bloquear el acceso a juegos, materiales educativos y comunidades digitales.
Verificación de edad como amenaza colateral a la privacidad
La EFF lanzó la guía en abierta respuesta al avance de legislaciones estatales y municipales en Estados Unidos que buscan restringir el acceso de menores a plataformas digitales mediante sistemas de verificación de edad. La organización argumenta que esas medidas, aunque bien intencionadas, generan un efecto secundario directo: obligan a todos los usuarios —adultos incluidos— a acreditar su identidad para acceder a contenidos, lo que implica la recolección y eventual retención de datos biométricos o documentales a escala masiva. El mecanismo conocido como age gating convierte una medida de protección infantil en un vector de vigilancia generalizada.
Babette Ngene, directora de Tecnología de Interés Público de la EFF, señaló que el objetivo es “empoderar a las familias con el conocimiento y la confianza para tomar decisiones informadas sobre sus vidas digitales”. Thorin Klosowski, activista senior de seguridad y privacidad de la organización, agregó que decidir cómo los jóvenes usan internet “es un tema complicado que toca muchas habilidades e ideas distintas”, pero que en última instancia es una decisión familiar, no gubernamental.
Cuándo aplica este enfoque / cuándo NO
La guía de la EFF es pertinente para familias que buscan gestionar la exposición digital de menores de forma autónoma, sin depender de restricciones técnicas impuestas por plataformas o reguladores. No reemplaza, sin embargo, los marcos legales de protección de datos que sí imponen obligaciones a empresas y no solo a individuos: el Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) en Estados Unidos, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la Unión Europea y sus equivalentes regionales establecen responsabilidades del lado de los controladores de datos, no del usuario. En esos regímenes, la carga no recae en la familia sino en la organización que recoge los datos. El enfoque de la EFF complementa pero no sustituye esa dimensión regulatoria.
El debate de menores en internet ya llegó a América Latina
La tensión entre protección de menores y privacidad universal no es exclusiva del debate estadounidense. En Brasil, la Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) establece en su artículo 14 que el tratamiento de datos de niños y adolescentes debe realizarse con consentimiento específico de al menos uno de los padres o tutores legales, y que los datos no pueden usarse en detrimento de los menores. Argentina, bajo la Ley 25.326 y la supervisión de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), también reconoce la necesidad de protección reforzada para menores, aunque el marco carece del nivel de especificidad que tiene la LGPD en este punto. En México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) exige el consentimiento de quien ejerza la patria potestad para el tratamiento de datos de menores. Lo que ninguno de estos marcos resuelve todavía con precisión es cómo los Estados deben verificar la edad sin convertir esa verificación en un mecanismo de recolección de datos sensibles a escala.
Chile, que atravesó en 2024 la implementación de su nueva Ley de Protección de Datos Personales (Ley 21.719), incorporó disposiciones reforzadas para el tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes, con principios de minimización y propósito que limitan el uso secundario de información recolectada durante procesos de verificación. Ese equilibrio —proteger sin vigilar— es exactamente el nudo que la EFF señala como irresuelto en el modelo legislativo que critica.
Para profundizar en los marcos regionales sobre protección de datos de menores, la Ley 21.719 de Chile y el artículo 14 de la LGPD brasileña son los referentes más desarrollados de la región en este momento.
