Un periodista que presentó una solicitud de acceso a la información al gobierno del estado de Sinaloa vio sus datos personales filtrados, según denunció la organización Artículo 19, que exige medidas urgentes de protección. El caso instala un precedente alarmante: el ejercicio de un derecho consagrado en la Ley General de Transparencia derivó en la exposición de quien lo ejerció.
La denuncia fue difundida por Artículo 19, organización defensora de la libertad de prensa con presencia regional, que identificó la filtración como una represalia indirecta contra el periodista. Según se informó, los datos personales del comunicador habrían sido divulgados luego de que este presentara una solicitud de información ante dependencias del gobierno de Sinaloa. El mecanismo exacto de la filtración no fue confirmado públicamente al cierre de esta nota.
Datos confirmados sobre el incidente en Sinaloa
- Actor afectado: un periodista identificado por Artículo 19, cuyo nombre no fue revelado públicamente por razones de seguridad.
- Origen del incidente: solicitud de acceso a la información presentada ante el gobierno del estado de Sinaloa.
- Organización denunciante: Artículo 19, sección México y Centroamérica.
- Demanda: protección inmediata para el periodista y apertura de investigación sobre la filtración.
- Marco legal vulnerado según la denuncia: la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Qué se sabe y qué falta confirmar
Está confirmado que Artículo 19 formalizó la denuncia y exigió protección. Lo que permanece sin verificar es si el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) —o su par estatal en Sinaloa— abrió algún expediente de investigación. Tampoco se confirmó si los datos filtrados incluyen domicilio, teléfono u otra información que eleve el riesgo de seguridad física del periodista. Artículo 19 no precisó, según la información disponible, si la filtración fue intencional o producto de una falla en los protocolos de manejo de solicitudes.
El caso tiene una dimensión que excede lo técnico: en México, la Ley General de Transparencia obliga a los sujetos obligados a proteger la identidad de los solicitantes en contextos de riesgo. Si el gobierno de Sinaloa no activó esa salvaguarda, la omisión podría configurar una violación de la normativa vigente. El INAI tiene competencia para investigar filtraciones de datos personales en manos de entes públicos federales, aunque la competencia sobre dependencias estatales recae en el organismo garante de Sinaloa, la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP Sinaloa).
El próximo hito es que la CAIP Sinaloa o el INAI determinen si admiten la denuncia e inician un procedimiento de investigación formal, un paso que, de no concretarse en los próximos días, dejará al periodista sin respuesta institucional.
