La administración Trump ha descartado activamente cualquier marco federal de regulación para la inteligencia artificial, y esa postura tiene una consecuencia directa: los llamados de la propia industria a “desacelerar” quedan sin ningún mecanismo institucional que los haga cumplir. El resultado es un vacío donde la autorregulación voluntaria sustituye a la ley, y América Latina observa desde afuera un experimento que puede marcar el estándar global por defecto.
Cuando las grandes compañías de tecnología piden cautela en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial avanzados, lo hacen generalmente bajo la premisa de que existe —o existirá— un regulador dispuesto a imponer esa cautela de forma vinculante. En Estados Unidos, esa premisa ya no se sostiene. La posición de la administración Trump es contraria a establecer reglas federales para la IA, lo que deja sin respaldo institucional los propios pedidos de freno que circulan dentro del sector. El AI Now Institute, organización de investigación con sede en Nueva York, describió esta situación como una contradicción estructural que debilita cualquier esfuerzo serio de gobernanza.
Autorregulación sin marco: el problema que señala AI Now Institute
Amba Kak, co-directora ejecutiva del AI Now Institute, sintetizó el problema con precisión: “Necesitamos una estructura que no dependa del permiso de esta industria para hacer su trabajo”, según se informó en la publicación del instituto. La frase apunta a algo técnicamente relevante para cualquier debate sobre gobernanza de IA: un sistema donde el regulado define los límites de la regulación no es un sistema de control, es una ficción de control. Las señales de advertencia sobre seguridad en IA —provenientes tanto de investigadores independientes como de ejecutivos de las propias compañías— se acumulan en un contexto donde el gobierno federal estadounidense no tiene ni la voluntad política ni la arquitectura normativa para actuar sobre ellas.
Esta dinámica no es nueva, pero se vuelve más aguda a medida que los sistemas de IA se despliegan en infraestructura crítica, decisiones judiciales, selección de crédito y diagnósticos médicos. La ausencia de una agencia federal con mandato claro sobre IA en EE.UU. contrasta con la Unión Europea, donde el AI Act —el Reglamento (UE) 2024/1689, en vigor desde agosto de 2024— establece categorías de riesgo, obligaciones de transparencia y sanciones de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación global anual para los sistemas de mayor riesgo.
Cuándo aplica este vacío / cuándo NO
El vacío regulatorio estadounidense aplica de forma directa a los sistemas de IA desarrollados y comercializados desde EE.UU. sin presencia operativa relevante en jurisdicciones con regulación propia. No aplica, en cambio, cuando esos mismos sistemas se despliegan en la Unión Europea —donde el AI Act rige por el principio de efecto territorial— ni cuando se usan en el tratamiento de datos personales de ciudadanos europeos, caso en que el RGPD impone restricciones adicionales sobre el uso de decisiones automatizadas. Para América Latina, el margen de maniobra depende del país: Brasil tiene la Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Ley 13.709/2018) y avanza en un proyecto de ley específico de IA; México cuenta con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), aunque sin un marco sectorial de IA; Argentina tramita en el Congreso un proyecto de regulación de sistemas de inteligencia artificial que no ha alcanzado sanción legislativa.
El riesgo del estándar por defecto: cómo EE.UU. exporta sus ausencias
Cuando la economía más grande del mundo no regula una tecnología, no produce un vacío local: produce un estándar exportable. Las empresas de IA con sede en EE.UU. que operan en América Latina traen consigo las prácticas —y las ausencias de control— que son toleradas en su jurisdicción de origen. Esto es especialmente relevante para sectores como el financiero y el de recursos humanos, donde herramientas de scoring algorítmico y selección automatizada de candidatos ya están en uso en la región sin que existan marcos nacionales que obliguen a auditorías de sesgo, explicabilidad de decisiones o registros de impacto. El AI Act europeo, por contraste, exige evaluaciones de conformidad previas al despliegue para sistemas de alto riesgo en esas mismas categorías.
La posición de AI Now y su relevancia para el debate regulatorio regional
El AI Now Institute es una de las organizaciones de referencia en investigación crítica sobre políticas de inteligencia artificial. Su postura —que los mecanismos de control de la IA no pueden depender del consentimiento de la industria para funcionar— tiene implicancias directas para los legisladores latinoamericanos que hoy discuten sus propios marcos normativos. El argumento técnico es simple: la autorregulación puede ser un complemento de la regulación estatal, pero no su sustituto. Sin un organismo con capacidad sancionatoria, mandato legal y autonomía presupuestaria respecto de la industria regulada, los compromisos voluntarios de las compañías tienen el peso de una declaración de intenciones. En Brasil, la Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) ya emitió orientaciones sobre el uso de IA en el tratamiento de datos personales; en Argentina, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) tiene competencia sobre decisiones automatizadas bajo el marco de la Ley 25.326, aunque su alcance es limitado frente a sistemas de IA complejos.
Para los países de la región que aún tienen sus marcos de IA en etapa de diseño, la pregunta no es si regular o no: es si el organismo que resulte del proceso tendrá dientes propios o necesitará el permiso de la industria para usarlos. La publicación completa del AI Now Institute está disponible en ainowinstitute.org.
