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Aaron Swartz y la CFAA: por qué su caso sigue importando en 2026

LR
La Redacción
6 de nov de 2026 · 4 min de lectura
Aaron Swartz y la CFAA: por qué su caso sigue importando en 2026

Aaron Swartz murió en 2013 tras ser procesado bajo la Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) por descargar artículos académicos de JSTOR. Trece años después, la Electronic Frontier Foundation y el Internet Archive organizan un hackathon internacional para mantener viva su agenda: internet abierta, acceso al conocimiento y derechos digitales.

El 8 de noviembre de 2026, la EFF y los organizadores del Aaron Swartz Day convocan a un hackathon presencial y remoto en memoria del activista. El evento tiene lugar en las instalaciones del Internet Archive en San Francisco y admite participantes de cualquier nivel de experiencia, tanto en formato físico como virtual. Entre las organizaciones co-organizadoras figuran Freedom of the Press Foundation, Creative Commons y el Free Law Project.

La CFAA como instrumento de persecución: el caso que definió una época

Swartz fue acusado de violar la Computer Fraud and Abuse Act al descargar sistemáticamente millones de artículos académicos de la base de datos JSTOR. La CFAA, una ley de 1986 pensada para combatir el hacking criminal, fue aplicada a una conducta que muchos juristas calificaron como desproporcionadamente perseguida. Ante la perspectiva de una condena larga, Swartz se suicidó a los 26 años. Su caso expuso un problema estructural que persiste: la CFAA permite a los fiscales convertir violaciones a términos de servicio en delitos federales graves, con consecuencias penales severas para investigadores, periodistas y desarrolladores.

Cuándo aplica la CFAA y cuándo su alcance resulta cuestionable

La CFAA fue concebida para sancionar el acceso no autorizado a sistemas informáticos con fines maliciosos. Su aplicación se vuelve problemática cuando alcanza conductas como el scraping de datos públicos, la investigación de seguridad o el acceso a bases de datos con credenciales válidas pero en volúmenes que el titular del sistema no previó. En 2021, la Corte Suprema de Estados Unidos acotó parcialmente el alcance de la ley en el fallo Van Buren v. United States, limitando la lectura más expansiva; pero los márgenes de interpretación siguen siendo amplios, y la amenaza de persecución penal sigue siendo real para quien cruza líneas difusas.

Proyectos que el hackathon busca impulsar

Los participantes del hackathon podrán contribuir con código, documentación y diseño a proyectos de interés público. Entre ellos figuran SecureDrop —la plataforma de filtraciones seguras usada por medios de todo el mundo, incluidos varios latinoamericanos—, Open Library del Internet Archive, Quantifying the Commons, Onion Press y el Atlas of Surveillance de la propia EFF. Este último es una base de datos pública que mapea tecnologías de vigilancia desplegadas por agencias policiales en Estados Unidos. Hayley Tsukayama, directora de Asuntos Estatales de la EFF, conducirá una sesión de incorporación al Atlas a las 11 a.m. PST.

La agenda de Swartz y su resonancia en marcos jurídicos de América Latina

El debate sobre el acceso abierto al conocimiento científico y la criminalización de conductas digitales no es ajeno a la región. En Argentina, la Ley 26.388 de delitos informáticos —que modifica el Código Penal— incorporó figuras amplias cuya interpretación judicial puede generar tensiones similares a las que evidenció la CFAA. En Brasil, el Marco Civil da Internet y la Lei de Crimes Cibernéticos (Lei 12.737/2012, conocida como Lei Carolina Dieckmann) coexisten con debates activos sobre el alcance penal del acceso a sistemas. En México, el Código Penal Federal tipifica el acceso ilícito a sistemas informáticos con una amplitud que preocupa a comunidades de investigación de seguridad. En ninguno de estos marcos existe una definición clara de qué constituye “acceso no autorizado” cuando el sistema es técnicamente accesible pero el volumen o propósito no fue previsto por el titular. Esa ambigüedad es precisamente la que el caso Swartz convirtió en símbolo global.

La EFF mantiene activo el Coders’ Rights Project, que ofrece orientación legal a programadores y desarrolladores que realizan investigaciones en zonas grises del derecho digital. Para comunidades latinoamericanas sin acceso a esa red de apoyo, la brecha de protección jurídica frente a interpretaciones extensivas de los tipos penales informáticos es significativamente mayor.

Para quienes quieran participar en el hackathon —de forma presencial o remota— o proponer proyectos open-source, los detalles están disponibles en aaronswartzday.org. La vigencia del debate que Swartz encarnó no depende de los eventos que lo recuerden, sino de cuántas legislaciones siguen sin resolver la tensión entre acceso al conocimiento y persecución penal digital.

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