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Flock Safety y la vigilancia masiva: lo que las cámaras ALPR revelan sobre el activismo ciudadano

LR
La Redacción
18 de nov de 2026 · 4 min de lectura
Flock Safety y la vigilancia masiva: lo que las cámaras ALPR revelan sobre el activismo ciudadano

La Electronic Frontier Foundation publicó un cómic documental sobre la resistencia comunitaria contra Flock Safety, la empresa de lectores automáticos de patentes (ALPR) más expandida de Estados Unidos. El material pone en evidencia un debate que, aunque nacido en Cleveland, Ohio, tiene réplicas directas en ciudades de América Latina donde la videovigilancia policial crece sin marcos legales claros.

Los lectores automáticos de matrículas —conocidos en la industria como ALPR, del inglés Automated License Plate Readers— son cámaras conectadas a redes que registran, almacenan y cruzan datos de movimiento vehicular en tiempo real. Flock Safety es hoy la empresa más prominente de ese mercado en Estados Unidos, con presencia en cientos de ciudades. Su modelo de negocio consiste en ofrecer el hardware a bajo costo o de forma subsidiada a los municipios y luego monetizar la red de datos resultante, accesible a fuerzas policiales bajo distintos acuerdos contractuales.

Cleveland como caso testigo: errores, abusos y sesgo racial documentados

El cómic, realizado por la dibujante Bryn Adams y publicado en colaboración entre la EFF y Crucial Comix, narra la experiencia personal de Adams en el movimiento ciudadano de Cleveland contra Flock Safety. Lejos de ser un ejercicio abstracto, el relato ilustra consecuencias concretas y documentadas: identificaciones erróneas que derivaron en detenciones indebidas, uso de la red de cámaras por parte de efectivos policiales para espiar a exparejas, perfilamiento racial contra comunidades romaníes, y rastreo sistemático de activistas, migrantes y personas que viajan a estados donde el aborto es legal para acceder al procedimiento, según reportes citados por la EFF provenientes de medios como The Washington Post y Yahoo News.

La respuesta corporativa ante estas denuncias fue notable. En la conferencia de la Asociación Internacional de Jefes de Policía celebrada este otoño, Garrett Langley, fundador de Flock Safety, atribuyó la resistencia comunitaria a bots rusos y calificó el activismo de “inorgánico”. Como evidencia citó el hecho de que distintos grupos locales usaban consignas similares en sus protestas, ignorando que los eslóganes compartidos son un rasgo definitorio de los movimientos sociales, no una prueba de manipulación externa.

Cuándo aplica la regulación de ALPR y cuándo no existe todavía

En Estados Unidos, varios municipios ya han desactivado contratos con Flock Safety tras campañas de presión ciudadana, según el rastreador público mantenido por Secure Justice. Sin embargo, la regulación federal sobre ALPR es fragmentaria: no existe una ley nacional que limite los plazos de retención de datos de movimiento vehicular, ni que exija auditorías independientes sobre el uso policial de estas redes. Algunas ciudades han aprobado ordenanzas de vigilancia comunitaria que someten estas tecnologías a aprobación del concejo municipal, pero son la excepción.

El contraste con el marco europeo es directo. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) clasifica los datos de localización y movimiento como datos con protección reforzada cuando permiten identificar a personas físicas, lo que obligaría a una base legal específica para operaciones como las de Flock. En América Latina, el panorama es desigual pero no vacío.

Brasil, Argentina y México frente a la videovigilancia vehicular

En Brasil, la Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei nº 13.709/2018) exige base legal para todo tratamiento de datos personales, y la Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) ha señalado que los datos de geolocalización continua son datos sensibles en términos prácticos, aunque la ley no los categorice así de forma explícita. Un sistema ALPR municipal en Brasil que cruce patentes con identidades de personas requeriría, como mínimo, una evaluación de impacto a la protección de datos (RIPD) y una base legal robusta —legítimo interés o norma legal habilitante— para ser conforme.

En Argentina, la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales establece que los datos de movimiento pueden constituir datos sensibles según el contexto. La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) no ha emitido hasta la fecha una guía específica sobre ALPR, pero la doctrina del organismo sobre bases de datos de seguridad exige proporcionalidad y finalidad determinada. En México, la LFPDPPP aplica al sector privado y el INAI tiene competencia sobre el tratamiento de datos personales por parte de empresas; para el sector público, el marco es la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, aunque su aplicación práctica a tecnologías de vigilancia vehicular masiva es aún incipiente.

Por qué el cómic importa como herramienta regulatoria informal

El formato elegido por la EFF —un cómic de distribución gratuita— no es un detalle menor. Los movimientos de resistencia a la vigilancia masiva han encontrado en los materiales de comunicación accesible una vía para sortear la asimetría informativa entre ciudadanos y empresas tecnológicas. En Cleveland, la organización local logró visibilidad suficiente para instalar el debate en el concejo municipal. En ciudades latinoamericanas donde empresas similares comienzan a ganar contratos con gobiernos locales —frecuentemente sin licitación pública transparente ni evaluación de impacto previa— ese tipo de movilización ciudadana informada es uno de los pocos contrapesos disponibles antes de que la infraestructura esté instalada y los datos, retenidos.

El cómic completo está disponible de forma gratuita en el sitio de la EFF y como PDF descargable; la regulación específica sobre ALPR en América Latina es, por ahora, una deuda pendiente de las autoridades de protección de datos de la región.

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