La Electronic Frontier Foundation presentó ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) una posición que tensiona el debate global sobre protección de menores en línea: las regulaciones que restringen el acceso digital de jóvenes pueden, en muchos casos, aumentar su vulnerabilidad en lugar de reducirla. El ACNUDH preparará un informe sobre el tema para el Consejo de Derechos Humanos en su 64.ª sesión, prevista para el primer trimestre de 2027.
El argumento central de la EFF no es trivial. Para millones de jóvenes en el mundo, el entorno digital es precisamente su espacio seguro: el lugar donde acceden a información crítica, construyen comunidad y ejercen autonomía personal cuando el entorno físico —familia, escuela, barrio— representa una amenaza. Desde esa lectura, una regulación que bloquea el acceso a plataformas o funcionalidades no es neutral: produce un daño concreto a quienes más dependen de esos espacios.
La Convención sobre los Derechos del Niño como vara de medición
El ACNUDH encuadró su consulta dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño, articulando un marco basado en derechos que va más allá de la noción de “seguridad” entendida únicamente como protección frente al abuso. El marco reconoce obligaciones claras frente a la violencia (art. 19) y la explotación (arts. 34-36), pero las sitúa junto a derechos igualmente vinculantes: privacidad (art. 16), acceso a la información (arts. 13 y 17), expresión (art. 13), participación (art. 12) y desarrollo (art. 6). La EFF retoma precisamente esa tensión: tratar la seguridad digital como un vector aislado, desconectado de los derechos offline, produce recomendaciones que distorsionan la realidad de los niños y adolescentes.
El proceso del ACNUDH incluyó la convocatoria a partes interesadas de distintos sectores —organismos estatales, sociedad civil, empresas tecnológicas, y perspectivas de niños y jóvenes— y contempla cinco consultas regionales para evaluar riesgos y mejores prácticas según contextos geográficos y modelos de negocio emergentes.
Brasil, Chile y Colombia: marcos divergentes ante el mismo problema
América Latina no llegará unificada al debate onusiano de 2027. Brasil avanza con la regulación de redes sociales para menores en el marco de la enmienda a la Lei nº 14.811/2024, que impone restricciones de acceso para menores de 14 años y obliga a las plataformas a implementar controles parentales verificables. La discusión en el Congresso Nacional, sin embargo, aún procesa cómo articular esas restricciones con los derechos de acceso a la información reconocidos en la propia Constituição Federal. Chile, por su parte, trabaja en modificaciones a la Ley 20.609 y en proyectos específicos sobre entornos digitales seguros, aunque sin legislación específica vigente sobre menores y plataformas. Colombia opera bajo el Decreto 1377 y la Ley 1581 de 2012, que establecen reglas para el tratamiento de datos de menores, pero sin un régimen de seguridad digital infantil diferenciado.
Esta fragmentación normativa tiene consecuencias prácticas: las plataformas que operan regionalmente enfrentan exigencias distintas en cada jurisdicción, mientras que la mayoría de los estándares técnicos de verificación de edad —uno de los instrumentos más discutidos— siguen sin consenso sobre cómo implementarse sin comprometer la privacidad del resto de los usuarios. La lógica de “proteger restringiendo” que domina muchos proyectos legislativos latinoamericanos choca de frente con el argumento que la EFF lleva al ACNUDH.
Verificación de edad: el instrumento más debatido y menos resuelto
Uno de los ejes técnico-regulatorios más sensibles en este debate es la verificación de edad como requisito de acceso a plataformas. Varios proyectos en la región —y normas ya vigentes como la Online Safety Act del Reino Unido— la plantean como solución de facto. El problema documentado es que los sistemas de verificación efectiva implican recolección de datos de identidad a escala, lo que genera riesgos de privacidad para todos los usuarios, no solo para los menores. Desde la perspectiva de gobernanza de datos, imponer verificación sin estándares de minimización, almacenamiento y propósito genera bases de datos de alto valor para actores maliciosos. La EFF ya ha cuestionado ese trade-off en foros anteriores, y su presentación ante el ACNUDH extiende ese argumento al plano de los derechos humanos.
Qué monitorear antes de la sesión del Consejo en 2027
El informe final del ACNUDH se presentará al Consejo de Derechos Humanos en el primer trimestre de 2027. Hasta entonces, varios hitos merecen seguimiento desde la región:
- El resultado de las cinco consultas regionales del ACNUDH y si América Latina cuenta con representación organizada de sociedad civil en ese proceso.
- El avance del marco regulatorio brasileño sobre menores y plataformas, que por escala poblacional y madurez institucional de la ANPD puede convertirse en referencia para la región.
- La posición que adopten los gobiernos latinoamericanos en el Consejo de Derechos Humanos, donde varios países de la región tienen asiento activo o participación como observadores.
- La evolución de los estándares técnicos de verificación de edad en foros como el IEEE o la ISO, cuyo output puede condicionar las opciones de implementación disponibles para los reguladores.
Nuestro análisis
El argumento de la EFF ante el ACNUDH merece atención regional por una razón que va más allá de la posición ideológica de la organización: introduce una variable que los proyectos legislativos latinoamericanos sobre menores y plataformas sistemáticamente ignoran. Cuando Brasil o Argentina discuten restricciones de acceso, el debate se estructura en torno a riesgos visibles —exposición a contenido dañino, contacto con depredadores, adicción algorítmica— sin modelar el costo de exclusión para los adolescentes que dependen del entorno digital como refugio o fuente de información que no encuentran offline. Ese costo no es abstracto: en contextos de violencia doméstica, discriminación por orientación sexual o identidad de género, o simplemente de aislamiento geográfico, el acceso digital puede ser la única red de contención disponible. Ningún marco regulatorio serio puede ignorar esa asimetría. El informe del ACNUDH de 2027 debería proveer la evidencia y el lenguaje para incorporarla.
La pregunta que los legisladores latinoamericanos deberían responder antes de avanzar con restricciones de acceso es simple: ¿quiénes son los jóvenes que más usan estas plataformas, y qué pierden cuando no pueden acceder a ellas?





