Un tribunal de apelaciones de California confirmó el rechazo de una demanda interpuesta por el ex CEO de una empresa de tecnología de vigilancia contra el periodista que reveló su arresto por violencia doméstica. El fallo refuerza la vigencia del estatuto anti-SLAPP de California y la Ley de Escudo periodístico del estado, con implicancias directas para el debate regulatorio en América Latina sobre demandas estratégicas contra la prensa.
Jack Poulson, escritor y editor del boletín All Source Intelligence, publicó detalles del informe policial del Departamento de Policía de San Francisco sobre el arresto de Maury Blackman —entonces CEO de Premise Data, una compañía especializada en inteligencia geoespacial con contratos militares— por un delito grave de violencia doméstica. Poulson obtuvo el documento de una fuente confidencial. Cuando el expediente judicial fue sellado con posterioridad a la publicación, Blackman demandó a Poulson, a Substack, a Amazon Web Services y a otra organización, reclamando daños y la eliminación del contenido de internet.
Cómo funciona el anti-SLAPP de California: desestimación temprana antes del juicio
El tribunal de primera instancia desestimó la totalidad del caso bajo el estatuto anti-SLAPP de California. Las siglas SLAPP corresponden a “strategic lawsuit against public participation” —demanda estratégica contra la participación pública— y describen litigios cuyo objetivo real no es obtener una reparación judicial sino imponer costos económicos, de tiempo y de estrés al demandado para silenciar su actividad. La legislación anti-SLAPP de California permite la desestimación anticipada de estas demandas infundadas, cortando de raíz el efecto intimidatorio que buscan generar. Blackman apeló, argumentando que la orden judicial de sellado del expediente de arresto primaba sobre el derecho de Poulson a informar sobre hechos de interés público.
El Tribunal de Apelaciones rechazó ese argumento. En su decisión, el tribunal señaló que la Primera Enmienda protege la publicación veraz de información obtenida lícitamente, salvo que exista “la necesidad de promover un interés estatal de la más alta jerarquía” —un estándar que, según el tribunal, el interés de privacidad de Blackman no satisface. El fallo también confirmó que Poulson está protegido por la Shield Law de California como editor de un boletín periodístico, apoyándose en precedente establecido por la Electronic Frontier Foundation (EFF) en 2006. Substack y los demás sitios que alojaban el contenido también quedaron amparados por haber actuado simplemente como plataformas de publicación.
El CEO de una empresa de vigilancia intentó silenciar con el proceso lo que no pudo borrar del registro
El caso tiene una dimensión adicional que va más allá del derecho de prensa: el demandante no era un particular anónimo sino el máximo ejecutivo de una empresa cuyo modelo de negocio es, precisamente, la recolección y el análisis de datos de inteligencia. Premise Data ha sido señalada en investigaciones periodísticas previas por sus vínculos con contratos militares y el uso de redes de colaboradores civiles para mapear entornos de interés geopolítico. Que el CEO de una compañía de ese perfil intentara suprimir información de interés público sobre su propia conducta personal mediante una demanda civil configura un uso del sistema judicial especialmente incongruente con el debate público legítimo que rodea a la industria de vigilancia.
Argentina, México y Colombia carecen de estatutos anti-SLAPP equivalentes al californiano
En América Latina, las demandas estratégicas contra periodistas y activistas constituyen un patrón documentado, pero la respuesta legislativa es fragmentaria. Argentina no cuenta con un mecanismo de desestimación anticipada equivalente al anti-SLAPP californiano; la protección del periodismo frente a demandas abusivas depende en gran medida de la doctrina de la real malicia construida por la Corte Suprema a partir del caso “Campillay” (1986) y sus derivados, que exige probar dolo o negligencia grave del periodista para atribuir responsabilidad civil. Sin embargo, esa doctrina no impide que el proceso mismo —con sus costos y plazos— funcione como mecanismo de presión.
México presenta una situación similar: si bien el artículo 7 de la Constitución garantiza la libertad de imprenta, no existe un mecanismo procesal que permita el rechazo in limine de demandas identificadas como estratégicas. En Colombia, la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) habilita algunas herramientas de saneamiento temprano, pero no están diseñadas específicamente para litigios contra la prensa. Chile avanzó con la Ley 21.394 de 2021 en materia de reforma procesal civil, pero tampoco incorporó disposiciones anti-SLAPP explícitas. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha señalado en múltiples informes que la litigación abusiva es uno de los vectores de censura indirecta más extendidos en la región.
Shield Laws y fuentes confidenciales: el vacío que persiste en las legislaciones latinoamericanas
El fallo también ratifica la vigencia de la Shield Law de California, que protege a los periodistas de revelar sus fuentes confidenciales. En LATAM, la protección del secreto de las fuentes tiene reconocimiento constitucional en varios países —Argentina (art. 43 CN), Colombia (art. 73 CN) y México (art. 7 CPEUM)—, pero su alcance en entornos digitales y plataformas de publicación independiente como Substack no ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial sistemático. La pregunta de si un editor de newsletter cuenta con la misma protección que un periodista de medio tradicional es, en la mayoría de los sistemas jurídicos latinoamericanos, una pregunta sin respuesta clara.
Nuestro análisis: el anti-SLAPP no es un privilegio de prensa sino una garantía de equilibrio procesal
El fallo californiano no crea derechos nuevos: los consolida frente al intento de erosionarlos mediante la presión litigiosa. Lo relevante para la región no es el resultado —favorable al periodismo— sino el mecanismo: una vía procesal que permite cortar temprano una demanda identificada como estratégica, antes de que el costo del proceso logre su objetivo real. En ausencia de herramientas equivalentes, los sistemas jurídicos latinoamericanos quedan expuestos a un déficit estructural: la tutela sustantiva de la libertad de expresión existe en el papel, pero el proceso puede convertirse en el castigo. Que el demandante sea el ex CEO de una empresa de vigilancia agrega una ironía difícil de ignorar: la industria que recolecta datos sobre terceros intentó suprimir datos verificados sobre sí misma.
Mientras la región debate leyes de protección de datos personales y marcos de regulación de plataformas, el instrumento que hace falta en la mayoría de los códigos procesales latinoamericanos es más mundano y más urgente: una vía para detener, antes del primer año de litigio, la demanda que no busca justicia sino silencio.
