El Gobierno argentino abrió una investigación por una posible filtración de datos que afectaría a 6 millones de registros vinculados a la plataforma Mi Argentina, el sistema estatal de identidad digital. El incidente, según se informó, está siendo analizado por las autoridades competentes para determinar su alcance y origen.
La plataforma Mi Argentina concentra información sensible de los ciudadanos: datos de identidad, licencias de conducir, credenciales de salud y documentación oficial digitalizada. Una eventual exfiltración de esa magnitud —6 millones de registros, según se informó— colocaría al Estado nacional como responsable del tratamiento de datos personales comprometidos en uno de los incidentes más significativos de los últimos años en el país. Al cierre de esta nota, las autoridades no habían confirmado públicamente si la brecha fue efectivamente consumada ni el tipo de datos involucrados.
Datos confirmados y qué falta verificar
- Registros potencialmente comprometidos: 6 millones, según se informó.
- Sistema afectado: Mi Argentina, plataforma de identidad digital del Estado nacional.
- Estado de la investigación: en curso al momento de la publicación.
- Exfiltración confirmada: sin confirmación oficial hasta el cierre de esta nota.
- Tipo de datos expuestos: no especificado públicamente por el Gobierno.
Qué dice la Ley 25.326 y el rol de la AAIP
Argentina regula la protección de datos personales mediante la Ley 25.326, que obliga a los responsables de bases de datos —incluyendo organismos estatales— a implementar medidas de seguridad adecuadas para evitar el acceso no autorizado. La autoridad de control es la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que tiene competencia para investigar incidentes de este tipo, aplicar sanciones y ordenar medidas correctivas. Si la brecha se confirma, el Estado actuaría en la doble condición de responsable del tratamiento y de parte investigada, un escenario que tensiona la independencia del proceso.
La Ley 25.326 no establece un plazo taxativo de notificación a los titulares de datos en caso de brecha, a diferencia del RGPD europeo (72 horas a la autoridad) o de la LGPD brasileña, que fija plazos de comunicación al regulador y al titular. Esta brecha normativa es uno de los puntos que el proyecto de actualización de la ley de datos personales —en discusión en el Congreso argentino desde hace varios años— busca corregir. La ausencia de ese mecanismo deja a los 6 millones de potenciales afectados sin un canal claro ni un plazo garantizado de notificación.
El próximo hito crítico es la confirmación oficial por parte del Gobierno sobre el alcance de la brecha y el inicio formal de actuaciones por parte de la AAIP, pasos que determinarán si el incidente activa el régimen sancionatorio de la Ley 25.326.
