El fiscal general de California, Rob Bonta, notificó a OpenAI una citación investigativa formal en el marco de una investigación en curso sobre sus prácticas de ciberseguridad. La acción se produjo un día después de que trascendiera que la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos evalúa escalar su propia pesquisa sobre OpenAI y otras compañías de inteligencia artificial.
Según informó la IAPP, la Fiscalía General de California —dependiente del Departamento de Justicia del estado— avanzó con la citación como parte de una investigación que ya venía siguiendo las prácticas de seguridad de la empresa. La herramienta legal permite al fiscal general requerir documentación e información que la compañía está obligada a entregar. Los detalles del alcance específico de la citación no fueron divulgados en su totalidad al momento del informe.
Dos frentes regulatorios simultáneos para OpenAI
La coincidencia temporal entre la citación californiana y los reportes sobre la FTC no es menor: señala que OpenAI enfrenta escrutinio regulatorio en paralelo a nivel estatal y federal. El fiscal Bonta no detalló públicamente qué incidentes de ciberseguridad motivaron la profundización de la investigación, pero el contexto es el de un aumento sostenido de notificaciones de incidentes de ciberseguridad vinculadas a grandes compañías de IA, según la misma fuente.
Qué se sabe y qué falta confirmar
Lo confirmado: la citación fue emitida, OpenAI fue notificada, y la investigación de la Fiscalía californiana estaba activa con anterioridad a este paso. Lo que no ha sido verificado públicamente: cuáles son los incidentes de ciberseguridad específicos bajo escrutinio, si existe coordinación formal entre la FTC y la fiscalía estatal, y si otros desarrolladores de IA recibieron citaciones similares del mismo organismo. La IAPP, que reprodujo la información, tampoco confirmó la existencia de un incidente de exfiltración de datos.
Para América Latina, el caso tiene resonancia directa. OpenAI opera en la región y procesa datos de usuarios en países con marcos de protección vigentes: la Ley 25.326 en Argentina —cuya autoridad de aplicación es la AAIP—, la LGPD en Brasil bajo supervisión de la ANPD, y la LFPDPPP en México bajo la órbita del INAI. Una citación de esta naturaleza en California puede desencadenar solicitudes de información de autoridades latinoamericanas bajo sus propios marcos de notificación e investigación, aunque ese paso aún no ha sido reportado.
El próximo hito a seguir es la respuesta formal de OpenAI a la citación californiana, cuyo plazo no fue divulgado públicamente, y la eventual confirmación o archivo del proceso de la FTC.
