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Cuando el abogado del breach se convierte en co-demandado

LR
La Redacción
6 de nov de 2026 · 5 min de lectura
Cuando el abogado del breach se convierte en co-demandado

Una tendencia emergente en litigios de brechas de datos apunta a los estudios jurídicos como co-demandados: los abogados que coordinan la respuesta a un incidente —la investigación forense, las notificaciones y las decisiones de divulgación— podrían quedar expuestos a demandas de los propios afectados. El análisis del abogado y autor Mark Rasch describe un escenario que ya no es hipotético en jurisdicciones del common law y que tiene implicancias directas para la práctica legal en América Latina.

Cuando una empresa sufre un incidente de seguridad, el primer llamado suele ser al departamento legal o a un estudio externo especializado. Esos abogados pasan a ocupar el centro de la respuesta: contratan a los peritos forenses, determinan qué leyes de notificación aplican, aconsejan a la dirección sobre qué revelar, cuándo y a quién. Es un rol estratégico de alto valor. También es, según el análisis de Rasch, un rol que crea exposición legal propia.

La teoría jurídica detrás de la demanda al asesor

La lógica procesal que habilita incluir al estudio jurídico como demandado es relativamente directa: si los abogados tomaron decisiones que afectaron el momento, el contenido o la destinatarios de las notificaciones a los afectados, entonces sus actos —u omisiones— contribuyeron al daño reclamado. En sistemas donde existe responsabilidad extracontractual hacia terceros (tort liability), no es necesario que exista una relación contractual directa entre el estudio y los individuos afectados para que prospere una demanda. Basta con demostrar que existía un deber de cuidado razonablemente previsible. Este es el eje del argumento que Rasch desarrolla: los abogados de la parte afectada pueden ser tratados, en ciertos contextos, como actores con responsabilidad independiente frente a los titulares de datos.

El argumento se refuerza cuando el estudio jurídico también actúa como custodio de la evidencia del incidente —registros forenses, comunicaciones internas, reportes de vulnerabilidad— bajo el paraguas del privilegio abogado-cliente. En ese caso, la firma legal no es solo asesora: es guardiana de información crítica que los demandantes quieren descubrir en el proceso de discovery. Eso la convierte en objetivo estratégico para los litigantes.

El privilegio legal como escudo y como blanco

En el modelo de respuesta a incidentes más habitual en grandes corporaciones —adoptado también por firmas latinoamericanas con operaciones en Estados Unidos o Europa—, los informes forenses se encargan bajo instrucción legal precisamente para cubrirlos con el privilegio abogado-cliente y protegerlos de la divulgación en litigios. Esta práctica, que lleva más de una década siendo cuestionada en tribunales estadounidenses, ahora enfrenta una presión adicional: si los propios abogados son demandados, el privilegio puede tornarse inoponible respecto de las comunicaciones que involucran la propia conducta del estudio.

Los tribunales han sostenido en distintas ocasiones que el privilegio no protege documentos cuando el abogado es parte en la disputa y la comunicación es relevante para evaluar su conducta. Es la llamada excepción crime-fraud, pero su aplicación a conductas culposas —negligencia en la gestión de notificaciones— es un terreno en construcción jurídica.

Cuándo aplica esta exposición y cuándo no

La responsabilidad directa del estudio jurídico no surge automáticamente de haber asesorado en la respuesta. Los factores que elevan la exposición incluyen: haber tomado decisiones autónomas sobre el timing de la notificación sin instrucción expresa del cliente, haber determinado incorrectamente qué leyes de notificación aplican —llevando a omitir comunicaciones requeridas—, o haber actuado como coordinador operativo de la respuesta más allá del rol puramente consultivo. En cambio, cuando el estudio se limita a proveer opinión legal fundada que el cliente acepta o rechaza, la barrera de responsabilidad profesional es más robusta. La distinción entre asesor y ejecutor es el punto de fractura jurídica central.

Implicancias para los estudios que operan bajo LGPD, LFPDPPP o Ley 25.326

En América Latina, los marcos de protección de datos imponen obligaciones de notificación con distintos estándares. La Ley General de Protección de Datos de Brasil (LGPD) establece en su artículo 48 la obligación de notificar a la Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) y a los afectados en un plazo razonable. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de México (LFPDPPP) y la Ley 25.326 de Argentina —con la interpretación de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP)— tienen exigencias similares, aunque menos detalladas en sus plazos. Si un estudio jurídico coordina la respuesta a un incidente bajo cualquiera de estos marcos y la notificación llega tarde, es incompleta o no llega, el análisis de Rasch sugiere que la exposición del asesor legal podría no quedar limitada al ámbito disciplinario profesional.

En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto sanciones a responsables del tratamiento por notificaciones deficientes. Hasta ahora, los estudios externos han quedado fuera del radar sancionador directo —actúan como encargados del tratamiento en sentido formal, con responsabilidad limitada. Pero el litigio civil es un canal distinto al administrativo, y la tendencia descripta por Rasch opera precisamente en ese carril.

Lo que cambia en la práctica del asesor de incidentes

Si esta tendencia se consolida en la jurisprudencia estadounidense —y eventualmente permea hacia litigios en jurisdicciones latinoamericanas con influencia de ese sistema—, los estudios que prestan servicios de incident response deberán revisar con precisión su modelo de actuación. Tres ajustes son inmediatos: primero, documentar con claridad que toda decisión sobre notificación fue tomada por el cliente, no por el estudio; segundo, mantener una separación explícita entre el rol consultivo y cualquier función operativa en la respuesta; y tercero, revisar la cobertura de sus pólizas de responsabilidad civil profesional para verificar si los incidentes de terceros quedan cubiertos cuando el estudio actuó como coordinador.

Para los equipos legales que hoy se posicionan como los “primeros en llamar” ante un breach, la pregunta ya no es solo cómo proteger al cliente: es también cómo documentar su propia actuación para no convertirse en el próximo demandado.

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