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El fallo Cisco v. Doe I entierra la rendición de cuentas corporativa en derechos humanos

LR
La Redacción
9 de nov de 2026 · 6 min de lectura
El fallo Cisco v. Doe I entierra la rendición de cuentas corporativa en derechos humanos

La Corte Suprema de Estados Unidos cerró definitivamente la puerta a que nacionales extranjeros puedan demandar a empresas tecnológicas en tribunales federales estadounidenses por complicidad en violaciones de derechos humanos. El fallo en Cisco Systems, Inc. v. Doe I, emitido en noviembre de 2026, elimina el último mecanismo civil disponible bajo el Alien Tort Statute (ATS) para responsabilizar a corporaciones tecnológicas que facilitaron persecuciones, torturas o abusos en el exterior. Para América Latina, donde varias empresas tecnológicas extranjeras operan con infraestructura de vigilancia contratada por Estados, la decisión no es abstracta.

El Alien Tort Statute de 1789: una ley de dos siglos que agonizó en una década

El ATS fue promulgado por el primer Congreso de Estados Unidos en 1789. En pocas palabras, otorga jurisdicción a los tribunales federales para escuchar demandas civiles presentadas por ciudadanos extranjeros contra quienes violen “el derecho de las naciones o un tratado de los Estados Unidos.” Durante más de dos siglos fue una disposición casi inerte; su activación como herramienta de derechos humanos ocurrió recién en las décadas de 1980 y 1990, cuando organizaciones de derechos humanos comenzaron a usarlo para litigar contra torturadores y, luego, contra corporaciones que los habilitaron.

El primer golpe institucional llegó con Sosa v. Alvarez-Machain (2004), donde la Corte reconoció que el ATS solo habilitaba un conjunto estrecho de causas de acción —las llamadas “Blackstone Three”: violación de salvoconductos, infracción de derechos diplomáticos y piratería— aunque dejó abierta la puerta para normas internacionales “específicas, universales y obligatorias.” Fallos posteriores en 2013 (Kiobel v. Royal Dutch Petroleum) y 2018 (Jesner v. Arab Bank) fueron cerrando ese espacio: primero limitando reclamos por conductas ocurridas íntegramente fuera de EE.UU., luego excluyendo a corporaciones extranjeras como demandadas.

Cisco Systems, Inc. v. Doe I es el paso final. Con este fallo, la Corte eliminó la posibilidad de crear nuevas causas de acción bajo el ATS, incluso para empresas domiciliadas en Estados Unidos. Según informó la Electronic Frontier Foundation —que presentó varios escritos de amicus curiae en el caso, incluyendo uno ante la Corte Suprema—, la decisión deja sin recurso civil federal a las víctimas extranjeras de tecnología utilizada con fines represivos.

Cisco, activistas chinos y el debate sobre complicidad tecnológica corporativa

El caso Doe I v. Cisco tiene antecedentes que se remontan a más de una década. Los demandantes, identificados bajo seudónimo, son practicantes de Falun Gong que alegan que Cisco Systems personalizó y vendió tecnología de vigilancia al gobierno chino con pleno conocimiento de que sería utilizada para identificar, detener y torturar a miembros de esa comunidad religiosa. La acusación no es que Cisco ignoró el riesgo: los demandantes argumentaron que la empresa colaboró activamente en el diseño de un sistema de seguimiento específico para ese grupo.

La Corte Suprema no resolvió si Cisco actuó mal. Resolvió algo más estructural: que los tribunales federales no pueden reconocer ese tipo de causa de acción bajo el ATS, independientemente de los hechos. Es una decisión de competencia, no de fondo, y por eso su impacto es más amplio que el caso en sí.

Qué queda sin el ATS: el vacío legislativo que el Congreso de EE.UU. no ha llenado

La Corte fue explícita en señalar que, a falta de nueva legislación del Congreso, no existe mecanismo judicial federal para responsabilizar a empresas tecnológicas estadounidenses por complicidad en abusos de derechos humanos cometidos en el exterior. Esa salvedad —”absent new legislation”— no es menor: reconoce el problema, pero transfiere la carga al poder legislativo, donde la probabilidad de acción en el corto plazo es baja dado el clima político actual en Washington.

Las alternativas disponibles son fragmentadas. Las víctimas podrían intentar litigar en los países donde ocurrieron los abusos —con todas las limitaciones de acceso a justicia que eso implica—, recurrir a mecanismos de la OCDE para empresas multinacionales (los Puntos Nacionales de Contacto), o presionar en foros de derechos humanos de la ONU. Ninguno de esos caminos ofrece la contundencia de una demanda civil con potencial de daños económicos reales contra una empresa listada en bolsa.

Brasil, México y Colombia: marcos regionales sin equivalente al ATS, pero con movimiento propio

América Latina no tiene un equivalente al ATS, pero varios países de la región han avanzado en marcos de debida diligencia corporativa en derechos humanos que, aunque distintos en naturaleza, apuntan a cerrar parte del mismo vacío. Brasil debate desde 2023 un proyecto de ley de debida diligencia empresarial en derechos humanos inspirado en la directiva europea CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Colombia incorporó en su Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 compromisos con los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. México avanzó con reformas laborales vinculadas a la cadena de suministro bajo el T-MEC que, aunque enfocadas en derechos sindicales, establecieron precedente de exigibilidad transfronteriza.

Ninguno de estos marcos permite a víctimas individuales demandar a empresas tecnológicas extranjeras por infraestructura de vigilancia provista a gobiernos. Eso sigue siendo, en la práctica, un espacio vacío. La diferencia con el contexto previo al fallo Cisco es que al menos existía una ventana judicial en EE.UU. hacia la que dirigir esos casos. Esa ventana ya no existe.

En el plano regional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos —con la Comisión (CIDH) y la Corte IDH— tiene competencia sobre Estados, no sobre empresas privadas. La responsabilidad corporativa directa sigue siendo un área de desarrollo incipiente en el derecho interamericano, aunque la Corte IDH ha comenzado a reconocer obligaciones estatales de regulación y fiscalización de actores privados en contextos de vigilancia.

Qué monitorear: legislación en el Congreso de EE.UU. y la directiva europea como presión indirecta

Los próximos hitos a seguir son dos. Primero, si el Congreso de EE.UU. introduce algún proyecto de ley que restaure o reemplace la causa de acción eliminada por el fallo —algo que organizaciones como EFF y Human Rights Watch han pedido explícitamente, aunque sin señal legislativa concreta hasta ahora. Segundo, el avance de la CSDDD europea: si empresas tecnológicas con operaciones en la UE quedan obligadas a debida diligencia en derechos humanos bajo amenaza de responsabilidad civil, eso podría generar el tipo de presión económica que el ATS intentaba crear por la vía judicial. Para empresas latinoamericanas que proveen tecnología a gobiernos o procesan datos bajo contratos estatales, el estándar europeo también puede volverse relevante si tienen clientes, socios o financiamiento en Europa.

Nuestro análisis

El fallo Cisco v. Doe I no es solo un dato de jurisprudencia estadounidense: es un mapa de las limitaciones actuales del derecho para regular la exportación de tecnología con potencial represivo. Durante décadas, el ATS funcionó como amenaza latente —no siempre ejecutable, pero real— que disuadía a algunas empresas de ventas irresponsables a regímenes autoritarios. Su eliminación no cambia la conducta de los actores más temerarios, que nunca temieron esa amenaza; sí puede cambiar el cálculo de riesgo de empresas medianas con reputación que proteger.

Para la región, el fallo llega en un momento en que varios gobiernos latinoamericanos han ampliado sus capacidades de vigilancia digital —con tecnología adquirida de proveedores internacionales— y en que los marcos de responsabilidad corporativa siguen siendo aspiracionales antes que exigibles. La pregunta no es si habrá nuevos casos de complicidad tecnológica en abusos: habrá. La pregunta es quién tendrá instrumentos para litigarlos.

Con el ATS fuera de juego y la legislación europea todavía en implementación, las empresas tecnológicas que venden infraestructura a Estados con historial de abusos enfrentan, por ahora, menos riesgo legal que hace un año — no más.

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