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IA agéntica y cibercrimen: qué implica para los marcos legales de IA en LATAM

LR
La Redacción
6 de nov de 2026 · 5 min de lectura
IA agéntica y cibercrimen: qué implica para los marcos legales de IA en LATAM

Los sistemas de inteligencia artificial agéntica —capaces de planificar, encadenar decisiones y ejecutar acciones sin intervención humana— están siendo señalados como un vector de amenaza de nuevo orden para el entorno digital. La pregunta que nadie en la región ha respondido todavía es si los marcos regulatorios de IA vigentes o en construcción en América Latina tienen los instrumentos para encuadrar la responsabilidad cuando un agente autónomo es el autor material del daño.

La distinción con el ransomware clásico o el phishing automatizado no es solo técnica: es jurídicamente relevante. Un sistema agéntico no ejecuta un script fijo; razona sobre su entorno, adapta su estrategia y persiste hasta alcanzar un objetivo. Eso rompe la cadena de causalidad que los marcos de responsabilidad civil tradicionales asumen entre actor humano, herramienta y daño. Cuando el “actor” es un modelo que toma decisiones propias, atribuir responsabilidad al desarrollador, al operador o al usuario se vuelve un ejercicio interpretativo sin respuesta clara en la mayoría de los ordenamientos de la región.

Qué hace autónomo a un agente de IA —y por qué eso importa legalmente

La IA agéntica se diferencia de los modelos generativos convencionales por su capacidad de operar en bucles: percibe un entorno, define sub-objetivos, utiliza herramientas externas (APIs, navegadores, bases de datos) y ajusta su plan según los resultados intermedios. Esta arquitectura —conocida como ReAct o similares en la literatura técnica— permite que un sistema ejecute una cadena de acciones complejas con mínima supervisión humana. Aplicada a contextos maliciosos, según se informó en distintos reportes de la industria de ciberseguridad durante 2024 y 2025, esa autonomía puede traducirse en reconocimiento de redes, exfiltración selectiva de datos o manipulación de sistemas de autenticación sin que un operador humano esté en el loop en tiempo real.

El problema jurídico central es el de la imputabilidad. Los sistemas de responsabilidad civil en América Latina —basados en los códigos civiles heredados de tradición romanista— presuponen un sujeto capaz de dolo o culpa. La IA agéntica no es sujeto de derecho en ningún ordenamiento de la región, pero tampoco encaja perfectamente en la figura de “herramienta defectuosa” cuando el daño deriva precisamente de su capacidad de razonar y adaptarse, no de un fallo técnico.

El AI Act europeo como espejo: qué cubre y qué deja afuera

El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (AI Act, Reglamento 2024/1689) introduce la categoría de “sistemas de IA de alto riesgo” y establece obligaciones de transparencia, registro y evaluación de conformidad para operadores. Sin embargo, el AI Act fue diseñado pensando en sistemas con un propósito identificable y un operador responsable. Los agentes autónomos desplegados por actores maliciosos —sin operador declarado, sin propósito legítimo, sin jurisdicción clara— operan exactamente en el vacío que ese marco no cierra. La Comisión Europea ha comenzado a discutir enmiendas orientadas a sistemas agénticos, pero el texto vigente no los contempla de forma explícita.

Para América Latina, ese espejo es útil porque varios países toman el AI Act como referencia de diseño para sus propias iniciativas. Brasil avanza con el Proyecto de Ley 2.338/2023, que sigue una arquitectura de riesgo similar a la europea. Chile actualizó su Política Nacional de Inteligencia Artificial en 2024 con mención explícita de sistemas autónomos. Colombia publicó en 2023 el CONPES 4144 sobre ética y gobernanza de IA. Ninguno de estos instrumentos define con precisión qué ocurre cuando un sistema agéntico —legítimo o malicioso— causa un daño, ni establece un mecanismo de atribución de responsabilidad operativamente útil.

Cuándo aplica el marco regulatorio vigente —y cuándo no

Los marcos actuales de regulación de IA en la región aplican con cierta comodidad a escenarios donde existe un desarrollador identificable, un operador con propósito declarado y un usuario afectado. Un sistema de scoring crediticio automatizado en un banco brasileño que discrimina por origen étnico, por ejemplo, cae razonablemente dentro del alcance del PL 2.338 y del marco de protección de datos de la LGPD. La responsabilidad del operador financiero es trazable. El escenario de un agente autónomo malicioso, en cambio, no tiene operador declarado, puede estar alojado en infraestructura distribuida en múltiples jurisdicciones, y su “propósito” emerge de la interacción con el entorno, no de un diseño fijo documentado. En ese caso, los marcos vigentes no ofrecen una palanca clara de atribución ni de sanción.

Hay un matiz adicional que vale precisar: si el agente autónomo opera sobre datos personales —exfiltrando registros, generando perfiles, manipulando identidades digitales—, entra en juego la normativa de protección de datos. La LGPD brasileña (Lei 13.709/2018), la Ley 25.326 argentina, la LFPDPPP mexicana y la Ley 1581 de Colombia establecen obligaciones sobre quienes tratan datos personales. Pero todas esas leyes asumen un “responsable del tratamiento” identificable. Cuando el agente actúa de forma encubierta y sin mandante rastreable, la obligación de notificación de brecha, por ejemplo, queda en suspenso fáctico.

La brecha entre diseño regulatorio y velocidad de despliegue tecnológico

El ciclo legislativo en América Latina oscila, en el mejor de los casos, entre dos y cinco años desde la presentación de un proyecto hasta su promulgación. Los sistemas agénticos de uso malicioso no esperan ese cronograma. Esto no es un argumento contra la regulación; es un argumento a favor de que los marcos en elaboración —particularmente el PL 2.338 en Brasil y las iniciativas en Chile y Colombia— incorporen definiciones tecnológicamente neutras y mecanismos de actualización delegada (vía reglamento o resolución de autoridad competente) que permitan extender el alcance a nuevas arquitecturas sin requerir modificación legislativa cada vez que el paradigma técnico cambie. El AI Act europeo incluyó ese mecanismo de forma parcial; los proyectos latinoamericanos pueden ir más lejos en ese diseño.

La pregunta operativa para equipos legales, reguladores y Chief AI Officers en la región no es si la IA agéntica maliciosa es un riesgo real —la evidencia acumulada en 2024-2025 lo confirma—, sino qué lenguaje contractual, qué cláusulas de responsabilidad en acuerdos de procesamiento de datos, y qué controles internos permiten a una organización demostrar diligencia debida cuando el daño llega de un agente que nadie contrató.

El texto vigente del Proyecto de Ley 2.338/2023 de Brasil —disponible en el sitio del Senado Federal— es el instrumento más avanzado de la región en materia de regulación de IA y el más cercano a incorporar criterios aplicables a sistemas autónomos; su lectura es el punto de partida obligado para cualquier equipo legal que esté construyendo una postura regulatoria frente a esta clase de amenazas.

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