Desde enero de 2026, el gobierno federal de Estados Unidos utiliza un sistema de inteligencia artificial llamado WISeR para evaluar solicitudes de procedimientos médicos de beneficiarios de Medicare. La Electronic Frontier Foundation (EFF) demandó al gobierno para obtener registros internos y lo que encontró —denegaciones improcedentes, caos operativo y esperas prolongadas— plantea preguntas urgentes sobre los límites legales del uso de IA en decisiones clínicas.
WISeR no es un asistente de segunda opinión: es un sistema que filtra y evalúa solicitudes de cobertura de procedimientos antes de que un médico tenga la última palabra, o en lugar de que la tenga. El programa fue lanzado por el gobierno federal de Estados Unidos sin que mediara, según la información obtenida por EFF mediante acciones de transparencia, una fase de prueba suficiente ni un marco legal que delimite claramente su alcance.
Lo que revelan los registros obtenidos por EFF
Tras demandar por acceso a documentación interna, EFF obtuvo registros que, según informó la organización, exponen al menos tres problemas concretos en la operación de WISeR: denegaciones que no se sostienen bajo los criterios médicos establecidos, desorganización operativa en la implementación del sistema y demoras que dejaron a pacientes esperando tratamientos durante períodos prolongados. La investigación fue encabezada por Lena Cohen, investigadora de EFF especializada en privacidad y tecnología médica.
El patrón no es novedoso en el sector asegurador privado, donde el uso de algoritmos para autorizar o rechazar coberturas lleva años siendo cuestionado. Lo que distingue el caso de Medicare es que se trata de un programa federal, financiado con fondos públicos, que atiende a adultos mayores y personas con discapacidades —poblaciones con escasa capacidad de absorber demoras o buscar alternativas privadas.
Cuándo aplica la revisión algorítmica / cuándo NO debería
El argumento de los promotores de sistemas como WISeR es que la IA puede acelerar la revisión de solicitudes rutinarias, reducir la carga administrativa y detectar inconsistencias que podrían pasar inadvertidas. Esos argumentos tienen peso cuando el sistema opera como herramienta de apoyo bajo supervisión médica efectiva, con mecanismos de apelación claros y auditoría de los criterios de decisión. El problema surge cuando el algoritmo actúa como filtro autónomo, cuando los criterios de entrenamiento no son públicos y cuando no existe un régimen legal que establezca responsabilidades ante una denegación incorrecta.
En el caso de WISeR, EFF argumenta que ninguna de esas condiciones está plenamente garantizada: el gobierno externalizó la función de aprobación de tratamientos a una empresa privada sin transparencia suficiente sobre cómo funciona el modelo, qué datos usa para decidir ni qué revisión humana existe sobre sus salidas.
El marco legal que falta: lecciones para sistemas de salud de América Latina
En América Latina, el debate sobre IA en decisiones clínicas está en etapa incipiente pero no ausente. Brasil, que cuenta con la Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), incluye en su artículo 20 el derecho a solicitar revisión humana de decisiones tomadas exclusivamente por medios automatizados —un derecho que, en el contexto de WISeR, habría dado a los pacientes una palanca concreta de impugnación. Argentina, bajo la Ley 25.326, no tiene una disposición equivalente tan explícita, aunque la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) ha señalado que las decisiones automatizadas con impacto significativo sobre personas deben cumplir principios de finalidad y proporcionalidad.
México, Colombia y Chile tienen marcos de protección de datos que reconocen derechos ARCO pero tampoco contemplan con precisión el escenario de decisiones médicas delegadas a sistemas de IA. Esa brecha normativa es relevante: varios sistemas de salud de la región —públicos y privados— ya utilizan herramientas de IA para triaje, asignación de turnos y, en algunos casos, evaluación de solicitudes de cobertura. Si esas implementaciones no están sujetas a requisitos de transparencia algorítmica, auditoría y recurso humano, el modelo WISeR puede repetirse sin que haya un equivalente a la EFF que lo documente.
Transparencia algorítmica como requisito, no como opción
La acción legal de EFF apunta a un principio que trasciende el caso Medicare: cuando un algoritmo toma decisiones que afectan derechos —acceso a tratamientos de salud, prestaciones sociales, crédito, movilidad—, la transparencia sobre su funcionamiento no puede ser voluntaria. Organismos como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el propio Comité de Protección de Datos de la Unión Europea han establecido que la opacidad algorítmica en contextos de alto impacto es incompatible con estándares básicos de debido proceso.
La pregunta que el caso WISeR deja abierta no es si la IA tiene lugar en la gestión de salud —probablemente sí lo tiene— sino bajo qué condiciones y con qué rendición de cuentas. Externalizar esa definición a las propias empresas proveedoras, como ocurrió con Medicare según los registros obtenidos por EFF, es exactamente el escenario que las regulaciones de IA de próxima generación deberían prevenir.
Para quien quiera profundizar en el marco regulatorio aplicable, el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE y el artículo 20 de la LGPD brasileña son los referentes más desarrollados sobre derechos frente a decisiones automatizadas con efectos jurídicos significativos.





