La Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CSTD) de la ONU celebró en octubre de 2025 la octava sesión de su grupo de trabajo multipartito sobre gobernanza de datos en todos los niveles, según informó UNCTAD. El proceso busca articular principios internacionales que orienten cómo los países —y los actores privados dentro de ellos— gestionan, comparten y regulan los datos a escala nacional, regional y global. Para América Latina, cuyo mapa normativo está en plena construcción, el resultado de este foro puede condicionar decisiones legislativas que aún están sobre la mesa.
Qué es la CSTD y por qué su grupo de trabajo sobre datos importa ahora
La CSTD es el órgano subsidiario del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) dedicado a ciencia, tecnología e innovación. Su grupo de trabajo multipartito —que reúne a gobiernos, sector privado, academia y sociedad civil— viene trabajando desde hace varios ciclos en la cuestión de la gobernanza de datos “en todos los niveles”, una fórmula que en la práctica abarca desde las políticas nacionales de soberanía del dato hasta los acuerdos de flujo transfronterizo. La octava reunión, celebrada según se informó a fines de octubre, representa un hito en la fase de consolidación de recomendaciones, que luego serán elevadas a la Comisión plena y eventualmente a ECOSOC. El proceso no produce normas vinculantes, pero genera estándares de referencia con peso político real: cuando un país negocia un acuerdo bilateral de datos o redacta su ley de protección, estos documentos están sobre la mesa.
El concepto de “todos los niveles” y la tensión entre soberanía digital y flujo libre de datos
La expresión “gobernanza de datos en todos los niveles” no es neutra: implica que ningún actor —ni el Estado, ni la plataforma tecnológica, ni el organismo internacional— tiene autoridad exclusiva sobre cómo circulan los datos. Esto coloca en el centro una tensión que ya es visible en las negociaciones de la OMC sobre comercio electrónico y en debates como el del Espacio Europeo de Datos: ¿cuánta soberanía nacional es compatible con mercados de datos funcionales a escala global? Para las economías emergentes, la respuesta tiene implicancias concretas. Varios países de América Latina han adoptado o están adoptando leyes que incluyen restricciones a la transferencia internacional de datos personales —condición sine qua non en marcos como la LGPD brasileña (arts. 33-36) o la Ley 25.326 argentina— y esas restricciones chocan con los intereses de proveedores de nube y plataformas que operan con arquitecturas centralizadas fuera de la región.
Brasil, Argentina y Colombia frente al estándar internacional emergente
Los tres marcos más maduros de la región enfrentan el proceso de la CSTD desde posiciones distintas. Brasil opera con la LGPD (Lei 13.709/2018) y una Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) que ya emitió regulación específica sobre transferencias internacionales, alineándose parcialmente con el modelo de adecuación del GDPR europeo. La posición brasileña en foros multilaterales tiende a defender marcos de gobernanza de datos que equilibren apertura económica con protección de datos personales y, cada vez más, soberanía sobre datos de valor estratégico. Argentina, por su parte, opera aún bajo la Ley 25.326 de 2000 —con reformas menores— y lleva años con un proyecto de modernización que no logra sanción legislativa. La brecha entre el marco argentino y los estándares emergentes de la CSTD es uno de los argumentos que los defensores de la reforma usan para acelerar el proceso parlamentario. Colombia, con la Ley 1581/2012 y sus decretos reglamentarios, tiene un marco más reciente pero también enfrenta presiones para actualizar el régimen de transferencias internacionales a la luz de los nuevos acuerdos multilaterales que se están gestando.
México presenta un caso particular: la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP, 2010) y su contraparte para el sector público (LGPDPPSO, 2017) coexisten con un INAI cuya continuidad institucional estuvo bajo presión en 2024. La capacidad de México para participar activamente en la definición de estándares globales depende, en parte, de resolver esa incertidumbre sobre su autoridad de control.
Qué principios están en disputa dentro del grupo de trabajo multipartito
Según los documentos de trabajo previos de la CSTD disponibles públicamente, los temas recurrentes en el grupo incluyen: la definición de marcos de acceso a datos con fines de interés público (open data vs. datos sensibles), la distribución de beneficios derivados de datos generados en países en desarrollo, los mecanismos de responsabilidad para plataformas privadas que concentran infraestructura de datos, y la interoperabilidad técnica y legal entre marcos regulatorios nacionales. Este último punto es especialmente relevante para la región: sin mecanismos de reconocimiento mutuo entre marcos como el brasileño y el colombiano, las empresas que operan regionalmente deben cumplir con regímenes superpuestos que elevan los costos de compliance sin necesariamente mejorar la protección efectiva.
El enfoque DAMA-DMBOK, estándar de referencia para equipos de gobernanza corporativa, distingue entre la gobernanza de datos como función interna de la organización y la gobernanza del ecosistema de datos como marco institucional externo. Lo que la CSTD está construyendo opera en ese segundo nivel: no prescribe cómo una empresa gestiona su catálogo de datos, pero sí el entorno regulatorio e interoperabilidad en el que ese catálogo debe operar cuando los datos cruzan fronteras.
Nuestro análisis
El proceso de la CSTD es, en términos prácticos, uno de los pocos espacios multilaterales donde los países de América Latina pueden incidir en la arquitectura global de gobernanza de datos antes de que esa arquitectura quede fijada por acuerdos bilaterales entre grandes bloques —UE, EE.UU., China— que no tienen por qué reflejar los intereses de economías medianas. El problema es que la participación efectiva requiere delegaciones técnicas calificadas y posiciones nacionales articuladas, dos recursos escasos en la región. Brasil es el actor con mayor capacidad de incidencia hoy; Argentina y Colombia participan, pero con menor peso negociador. El riesgo concreto no es abstracto: si los estándares de transferencia de datos que emergen de este proceso se alinean con el modelo de adecuación europeo sin contemplar las particularidades de marcos como el argentino o el mexicano, esos países quedarán en una posición de “tomadores de reglas” que deberán reformar su legislación para acceder a flujos de datos internacionales, no para proteger mejor a sus ciudadanos.
Para los CDO y equipos de gobernanza corporativa en la región, el seguimiento de este proceso no es opcional. Las decisiones que emerjan de la CSTD en 2025-2026 sobre interoperabilidad de marcos y transferencias transfronterizas se traducirán en requerimientos contractuales y de compliance dentro de dos a cuatro años. Mapear hoy qué datos de la organización cruzan fronteras —y bajo qué base legal— es el primer paso para no quedar expuesto ante un cambio de régimen. Frameworks como el CDMC del EDM Council, que incluye capacidades específicas sobre gestión de datos en entornos regulados y transfronterizos, ofrecen un punto de referencia útil para estructurar ese inventario.
América Latina puede ser sujeto de las reglas globales de gobernanza de datos, o puede ser parte de su diseño. Esa ventana de influencia tiene fecha de vencimiento: las recomendaciones finales del grupo de trabajo se elevarán a ECOSOC en el ciclo 2026, y lo que no se negocie antes quedará resuelto sin la región en la sala.
