La Electronic Frontier Foundation lanzó la segunda edición de Opt Out October, una iniciativa que este año va más allá de ajustar configuraciones de privacidad: propone abandonar plataformas, aplicaciones y sistemas operativos de las grandes tecnológicas en favor de alternativas con menor huella de datos. El planteo llega en un momento en que legislaciones como la LGPD brasileña, la Ley 25.326 argentina y la LFPDPPP mexicana consolidan el derecho a la portabilidad y a la supresión de datos personales —derechos que solo pueden ejercerse si los usuarios saben que existen.
Opt Out October nació en 2025 como un recordatorio mensual para revisar configuraciones dentro de las aplicaciones más usadas. En su edición 2026, la EFF amplió el alcance: el eje ya no es solo ajustar permisos, sino evaluar si ciertos servicios deberían seguir siendo parte del ecosistema digital de cada persona u organización. La iniciativa incluye una plataforma de recursos con guías para migrar a software alternativo, explorar redes sociales descentralizadas y controlar el uso de datos personales en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.
Por qué migrar es más que una decisión técnica
Cambiar de plataforma implica ejercer derechos que la regulación reconoce pero que los usuarios raramente activan. En Brasil, el artículo 18 de la LGPD garantiza la portabilidad de datos a otro proveedor de servicio o producto. En México, el derecho de cancelación bajo la LFPDPPP permite exigir la supresión de datos que un responsable ya no necesita. En Argentina, la Ley 25.326 reconoce el derecho a la eliminación de datos inexactos o innecesarios. Migrar de un servicio no solo es posible: en muchos casos, es el único acto que materializa esos derechos, dado que las solicitudes de supresión enviadas a grandes plataformas suelen tener cumplimiento parcial o tardío.
La EFF no enumera en su comunicado qué alternativas específicas recomienda para cada categoría de software, pero sí organiza su hub de recursos en cuatro ejes: nuevas aplicaciones no desarrolladas por gigantes tecnológicos, opciones de redes sociales fuera del ecosistema Meta-Google-X, sistemas operativos alternativos, y herramientas para limitar el uso de datos personales en el entrenamiento de inteligencia artificial generativa. Este último punto es especialmente relevante: varios proveedores incorporaron cláusulas en sus términos de servicio que autorizan el uso de contenido generado por usuarios para mejorar sus modelos, sin que el usuario promedio lo advierta.
Cuándo aplica la migración de plataforma y cuándo no es suficiente
Optar por software alternativo tiene sentido claro cuando el servicio que se abandona monetiza datos de comportamiento, comparte información con terceros para publicidad dirigida o utiliza contenido del usuario para entrenamiento de IA sin consentimiento diferenciado. En esos escenarios, ajustar configuraciones internas resuelve solo una parte del problema: mientras la cuenta permanece activa, el historial de datos sigue disponible para el operador. La migración, en cambio, habilita una solicitud de eliminación de cuenta y datos asociados que —al menos en jurisdicciones con regulación vigente— el responsable tiene la obligación legal de atender.
Sin embargo, migrar no es suficiente cuando el servicio alternativo no está sujeto a ningún marco regulatorio claro o cuando carece de política de privacidad auditada. Muchas herramientas de código abierto o descentralizadas ofrecen mejores condiciones de privacidad en términos técnicos, pero no tienen domicilio legal en ningún país, lo que dificulta el ejercicio de derechos ante una autoridad de control. En esos casos, el usuario gana autonomía técnica pero pierde respaldo jurídico. La evaluación debe ser caso por caso.
El ángulo organizacional: cuando la migración involucra datos de empleados y clientes
Para empresas y organismos públicos en América Latina, la discusión sobre alternativas tecnológicas no es solo de preferencia individual: involucra datos personales de terceros. Una organización que utiliza herramientas de productividad de un hiperescalador y activa funciones de IA generativa sobre documentos internos puede estar transfiriendo datos personales de empleados o clientes a un sistema de entrenamiento sin base legal suficiente. Las autoridades de protección de datos de la región —la AAIP en Argentina, la ANPD en Brasil, el INAI en México— han señalado en distintos pronunciamientos que la incorporación de IA en tratamientos existentes puede requerir una nueva evaluación de impacto o incluso actualizar el aviso de privacidad.
La iniciativa de la EFF no está dirigida a equipos legales ni a DPOs, pero el principio que la sustenta —revisar activamente si las herramientas en uso son compatibles con los derechos de las personas sobre sus datos— es exactamente el ejercicio que cualquier programa de privacidad corporativa debería realizar de forma periódica. Opt Out October, en ese sentido, funciona como un recordatorio calendárico para lo que en el ámbito organizacional se llama privacy review o revisión del inventario de tratamientos.
El hub de recursos de Opt Out October de la EFF está disponible en eff.org; para el contexto regulatorio aplicable en la región, las autoridades de referencia son la ANPD (Brasil), la AAIP (Argentina) y el INAI (México), cuyos sitios publican guías sobre ejercicio de derechos y obligaciones de los responsables de tratamiento.
