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República Dominicana regulará la IA en el sector público a partir de 2027

LR
La Redacción
9 de nov de 2026 · 6 min de lectura
República Dominicana regulará la IA en el sector público a partir de 2027

República Dominicana anunció que desarrollará un marco regulatorio específico para el uso de inteligencia artificial en el sector público, con implementación prevista para 2027. El movimiento convierte al país caribeño en uno de los primeros de Centroamérica y el Caribe en trazar una hoja de ruta formal para la gobernanza de IA gubernamental, en un momento en que la región latinoamericana debate activamente qué modelo regulatorio adoptar.

Según se informó, la iniciativa impulsaría reglas aplicables a organismos del Estado dominicano que empleen sistemas de inteligencia artificial en sus operaciones, desde la prestación de servicios ciudadanos hasta la toma de decisiones administrativas. El horizonte de 2027 sugiere un proceso de elaboración que incluirá consultas técnicas y, presumiblemente, participación del sector privado y la academia, aunque los detalles del mecanismo de elaboración no fueron confirmados públicamente al momento de esta publicación.

Por qué el sector público es el primer blanco regulatorio en países emergentes

Focalizar la regulación de IA en el Estado antes que en el sector privado responde a una lógica de legitimidad democrática: cuando un algoritmo decide sobre subsidios, trámites migratorios o acceso a servicios de salud, el impacto sobre derechos fundamentales es directo e inmediato. Esta es, de hecho, la misma lógica que estructuró el AI Act de la Unión Europea, que clasifica como “alto riesgo” los sistemas de IA usados por autoridades públicas en áreas como educación, justicia, bienestar social y control fronterizo. República Dominicana no cuenta aún con una ley general de IA, pero al priorizar el ámbito estatal está eligiendo el camino de menor resistencia política y mayor urgencia práctica.

El enfoque también tiene precedentes en la región. Brasil avanza con el Proyecto de Ley 2.338/2023, aprobado en el Senado y bajo revisión en la Cámara de Diputados, que establece principios para el desarrollo y uso de IA con especial énfasis en transparencia algorítmica y no discriminación. Colombia, por su parte, publicó en 2023 el Conpes 4144, una política nacional de IA que orienta el uso gubernamental aunque sin fuerza vinculante plena. Ninguno de los dos avanzó tan explícitamente en la idea de un cuerpo normativo específico para el sector público como primer escalón regulatorio.

El mapa regulatorio de IA en América Latina: avances concretos en Brasil, Colombia y Chile

El contraste entre países de la región ilustra distintas velocidades y enfoques. Chile tramita desde 2023 un proyecto de ley de IA que sigue de cerca la taxonomía de riesgos del AI Act europeo y que, según se informó, busca aprobación legislativa antes de 2026. México no cuenta con un proyecto de ley específico de IA, aunque la Secretaría de Economía y el INAI han emitido lineamientos no vinculantes sobre el uso de sistemas automatizados en tratamiento de datos personales. Argentina, que sí tiene una ley de protección de datos personales (Ley 25.326) bajo reforma, aún no ha avanzado en legislación de IA propiamente dicha, aunque la Secretaría de Innovación Pública ha adoptado guías internas para el uso de IA en el Estado. Perú aprobó en 2021 la Ley 31307, que establece un marco general para el desarrollo de IA con foco en el sector público, convirtiéndose en uno de los primeros de la región en hacerlo, aunque su implementación reglamentaria ha sido lenta.

En ese contexto, la iniciativa dominicana no es pioneera en términos absolutos, pero sí resulta significativa para el Caribe hispanohablante, donde la infraestructura regulatoria digital es, en general, más incipiente. El país ya cuenta con la Ley 172-13 de protección de datos personales, lo que le da una base mínima sobre la cual construir reglas de IA que toquen el tratamiento de datos de ciudadanos.

Qué deberá resolver el marco dominicano antes de 2027

Un marco regulatorio de IA para el sector público que aspire a ser operativo en 2027 deberá responder, como mínimo, a cuatro preguntas estructurales. Primero, cómo define “sistema de IA” a efectos legales, una cuestión que divide a legisladores en todo el mundo entre definiciones amplias —que capturan desde modelos generativos hasta reglas de negocio automatizadas— y definiciones estrechas centradas en aprendizaje automático. Segundo, qué obligaciones de transparencia y explicabilidad se impondrán a los organismos que usen IA en decisiones que afecten a ciudadanos. Tercero, si habrá una autoridad supervisora designada —un regulador de IA o se le asignará el rol a una entidad existente— y con qué capacidad sancionatoria. Cuarto, cómo se articulará la norma con la Ley 172-13 y con eventuales tratados regionales sobre economía digital.

El plazo de 2027 es ajustado pero no irrazonable si se toma la experiencia de Perú como referencia. La mayor amenaza para los plazos en estas iniciativas no suele ser técnica sino política: cambios de gobierno, fragmentación legislativa y captura regulatoria por parte de los actores del sector tecnológico son los riesgos históricos más documentados en procesos similares de la región.

Transparencia algorítmica y la Ley 172-13 dominicana como piso mínimo

La Ley 172-13 de República Dominicana, sancionada en 2013 y considerada una de las normas de protección de datos más tempranas del Caribe, ya contempla principios de finalidad y proporcionalidad en el tratamiento de datos personales. Si el futuro marco de IA para el sector público se diseña en coherencia con esa ley, deberá incorporar al menos salvaguardas sobre decisiones automatizadas que afecten derechos individuales —un requisito análogo al artículo 22 del GDPR europeo, que limita las decisiones basadas exclusivamente en tratamiento automatizado sin intervención humana. Esta articulación no es automática: en Brasil, la conexión entre la LGPD (Lei 13.709/2018, artículo 20) y el futuro marco de IA requirió discusiones legislativas explícitas que aún continúan.

Nuestro análisis

La decisión de República Dominicana de enfocar su primera norma de IA en el sector público es técnicamente sensata y políticamente calculada. Es sensata porque los sistemas de IA gubernamentales concentran los riesgos más severos para derechos fundamentales —discriminación, opacidad, falta de recurso— y porque regular al Estado antes que al mercado reduce la presión de los lobbies privados. Es calculada porque permite mostrar acción regulatoria visible sin enfrentarse de inmediato a la industria tecnológica local o a las grandes plataformas globales.

El riesgo real no está en el diseño conceptual del marco sino en la capacidad institucional para implementarlo. República Dominicana, como la mayoría de los países de renta media de la región, enfrenta una brecha seria entre la ambición regulatoria y los recursos técnicos de los organismos supervisores. Sin inversión paralela en formación de funcionarios públicos, en capacidad auditora y en mecanismos de participación ciudadana, el marco de 2027 corre el riesgo de convertirse en una declaración de principios sin dientes. La experiencia de Perú con la Ley 31307 —norma de IA sancionada en 2021 pero con reglamentación pendiente cuatro años después— es el espejo más cercano disponible en la región.

La pregunta que República Dominicana deberá responder antes de redactar una sola línea del nuevo marco no es qué quiere regular, sino quién va a tener la capacidad real de hacerlo cumplir.

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