Una orden judicial derivada del litigio de Epic Games contra Google obliga a la compañía a permitir que tiendas de aplicaciones de terceros se distribuyan a través de Google Play y accedan a su catálogo. El cambio redefine la estructura de poder en el ecosistema Android y abre un debate que en América Latina tiene implicancias directas: ¿qué rol cumple la regulación de plataformas cuando el mercado falla por décadas?
Durante años, la distribución de aplicaciones en Android estuvo sujeta a las reglas de un único guardián: Google. Los desarrolladores que querían llegar a la mayoría de los usuarios del sistema operativo móvil más usado del mundo tenían, en la práctica, una sola puerta de entrada. Epic Games, desarrolladora de Fortnite, decidió litigar contra ese modelo alegando violaciones a las leyes antimonopolio de Estados Unidos. El resultado fue una orden judicial que, desde octubre de 2025, ya está produciendo cambios visibles en el ecosistema.
La orden judicial que forzó a Google a abrir el Play Store a competidores
El fallo en el caso Epic Games v. Google impuso modificaciones sustanciales a las prácticas comerciales de la compañía. Entre los cambios más relevantes: las tiendas de aplicaciones rivales ahora pueden acceder al catálogo de Google Play y distribuirse a través de la misma plataforma. Además, los desarrolladores obtuvieron mayor libertad para dirigir a sus usuarios hacia sistemas de pago alternativos y canales de distribución propios, lo que rompe directamente con el modelo de comisiones obligatorias que Google imponía sobre las compras dentro de las aplicaciones. Según se informó, estos cambios comenzaron a ser perceptibles para los usuarios de Android durante el transcurso de 2025.
La Electronic Frontier Foundation (EFF), organización de derechos digitales con sede en San Francisco, calificó el resultado como una victoria para la competencia y la aplicación de las normas antimonopolio, pero también subrayó una dimensión que suele quedar fuera del análisis económico: la posibilidad de que la competencia entre tiendas de apps derive en mejores estándares de privacidad y seguridad para los usuarios. Si Google no protege adecuadamente los datos de sus usuarios, argumenta la EFF, ahora existe la posibilidad real de migrar a una alternativa que sí lo haga.
Antitrust digital en la UE, Brasil y México: tres velocidades distintas
El caso Epic-Google no ocurre en un vacío regulatorio global. En la Unión Europea, la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) entró en vigor en 2023 y ya obliga a los guardianes de acceso —entre ellos Google y Apple— a permitir la carga lateral de aplicaciones y la interoperabilidad con tiendas de terceros. La diferencia clave es que en Europa el cambio llegó por vía legislativa, mientras que en Estados Unidos llegó por un litigio privado que duró años y cuyo alcance puede aún ser objeto de apelaciones.
En América Latina, ningún país cuenta todavía con un equivalente al DMA. Brasil avanza en la regulación de plataformas digitales a través del Proyecto de Ley 2768/2022, conocido como el “PL das Plataformas”, pero su tramitación en el Congreso ha sido lenta y su texto actual no aborda de manera específica las condiciones de acceso a las tiendas de aplicaciones móviles. El Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), autoridad de competencia brasileña, ha investigado prácticas de grandes plataformas, pero sin resoluciones que hayan forzado cambios estructurales comparables a los del fallo estadounidense.
México presenta una situación similar: la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) tiene facultades para investigar prácticas monopólicas en mercados digitales, y en años recientes ha publicado estudios sobre la concentración en plataformas, pero sin acciones de remedio equivalentes al caso Epic. Colombia, por su parte, discute reformas a la Ley 1340 de 2009 —el marco de competencia vigente— que incluirían disposiciones para economías de plataforma, aunque sin fecha de aprobación concreta.
Por qué la apertura de las tiendas de apps importa más allá de las comisiones
El debate público suele enmarcarse en términos de comisiones: Google cobraba hasta un 30% sobre las compras dentro de las aplicaciones, lo que encarecía los servicios para desarrolladores y, en última instancia, para los consumidores. Pero la EFF señala una dimensión más profunda: el control monopólico sobre la distribución de aplicaciones equivale a control sobre qué expresión digital llega a los usuarios y en qué condiciones. Una tienda única puede remover aplicaciones, imponer restricciones de contenido o condicionar el acceso a criterios arbitrarios sin que el desarrollador tenga recurso alternativo.
Para los usuarios latinoamericanos —que representan más del 90% de los usuarios de smartphones Android en la región, según datos de StatCounter correspondientes a 2024—, esto no es abstracto. La dependencia de un único canal de distribución afecta desde la disponibilidad de aplicaciones de gobierno abierto hasta la posibilidad de instalar herramientas de privacidad que Google podría tener incentivos para no promover. La apertura a competidores crea, al menos en teoría, un piso mínimo de pluralismo en la capa de distribución digital.
Qué monitorear: apelaciones en EE.UU. y el avance del PL das Plataformas en Brasil
El cambio en Google Play es real pero no necesariamente permanente. Google puede apelar aspectos del fallo o negociar modificaciones en el cumplimiento de la orden. Los equipos regulatorios y legales de empresas con operaciones en Android deben seguir de cerca la evolución del caso ante los tribunales de apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos, que es la jurisdicción correspondiente. Mientras tanto, en América Latina, el foco de seguimiento más relevante es Brasil: si el PL das Plataformas avanza con disposiciones sobre interoperabilidad y acceso a marketplaces digitales, podría convertirse en el primer instrumento regional con impacto directo comparable al DMA europeo.
Para las empresas que distribuyen aplicaciones en Android con ingresos en la región, la ventana práctica más inmediata está en revisar sus acuerdos de distribución con Google y explorar si las nuevas condiciones permiten reducir costos de comisión o diversificar canales. Los desarrolladores independientes latinoamericanos, que históricamente han absorbido las comisiones más altas sin poder negociar condiciones, son quienes más pueden ganar si la competencia entre tiendas efectivamente se consolida.
Nuestro análisis
El resultado del litigio Epic v. Google es un recordatorio incómodo para los legisladores latinoamericanos: los cambios estructurales en los mercados digitales concentrados pueden llegar por la vía judicial antes que por la legislativa, y cuando llegan así, son más lentos, más inciertos y tienen alcance jurisdiccional limitado. La Unión Europea eligió anticiparse con el DMA; Estados Unidos llegó al mismo destino por un camino más costoso. América Latina, salvo Brasil con su proyecto en discusión, todavía no eligió ninguno de los dos caminos con claridad.
La pregunta que deben hacerse los reguladores de competencia en la región —CADE, COFECE, la SIC colombiana y sus pares— es si esperarán a que un litigio privado con años de duración produzca el resultado que la regulación proactiva podría generar en plazos más acotados. El modelo europeo ofrece evidencia de que los remedios estructurales anticipados son posibles. La voluntad política es, por ahora, la variable que falta.
La apertura del Play Store a competidores es un hito antimonopolio relevante, pero su impacto en América Latina dependerá de si los reguladores regionales deciden ser actores o espectadores del cambio.
