Más de 370 organizaciones de 106 países que integran la coalición #KeepItOn enviaron una carta abierta al presidente zambiano Hakainde Hichilema exigiendo que se garantice el acceso irrestricto a internet y plataformas digitales durante las elecciones del 13 de agosto de 2026. El llamado pone en tensión dos frentes conocidos en la región: la seguridad nacional como justificación de apagones digitales y el derecho a la información en contextos electorales.
#KeepItOn es una de las redes de monitoreo de internet más activas del mundo. Coordinada por Access Now, documentó en 2023 más de 180 apagones de internet en distintos países, muchos de ellos coincidentes con procesos electorales o protestas sociales. La petición a Zambia no es un hecho aislado: responde a un patrón regional y global en el que los gobiernos recurren a cortes de conectividad como herramienta de control de la narrativa pública en momentos de alta tensión política.
El patrón de los apagones electorales
La práctica de interrumpir el acceso a internet durante elecciones ha sido documentada en distintos países de África, Asia y, en menor medida, América Latina. El argumento oficial suele enmarcarse en la prevención de desinformación o el mantenimiento del orden público. Sin embargo, organizaciones de derechos digitales señalan que el efecto práctico es la supresión de la comunicación ciudadana, el periodismo independiente y la coordinación de la sociedad civil, precisamente cuando más se los necesita.
En el caso de Zambia, las organizaciones firmantes de la carta —cuya lista incluye grupos de derechos digitales de todos los continentes— advierten que cualquier restricción al flujo de información durante la jornada electoral del 13 de agosto constituiría una violación de estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza la libertad de expresión y acceso a la información.
Resonancias en América Latina
Aunque el caso se desarrolla en el sur de África, las implicancias para América Latina son directas. La región tiene su propio historial de restricciones digitales en contextos de crisis institucional. Venezuela registró múltiples episodios de throttling —reducción deliberada del ancho de banda— durante protestas entre 2019 y 2024, según informes de NetBlocks y OONI. Cuba mantiene un esquema de conectividad con cortes selectivos documentados, particularmente luego de las manifestaciones de julio de 2021. En Ecuador y Perú, durante momentos de inestabilidad política, se reportaron anomalías en el acceso a plataformas específicas.
En términos regulatorios, varios países latinoamericanos carecen de marcos explícitos que prohíban los apagones digitales ordenados por el Ejecutivo. Brasil, con la Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), establece garantías de neutralidad de red y libertad de expresión en línea que dificultan —aunque no imposibilitan— este tipo de medidas. México, Argentina y Colombia no cuentan con disposiciones equivalentes de rango legal que establezcan consecuencias claras ante una eventual orden gubernamental de corte de conectividad.
El rol de las plataformas y los ISP
Uno de los aspectos más relevantes del llamado de #KeepItOn es que no solo interpela a los gobiernos, sino también, implícitamente, a los proveedores de servicios de internet y a las plataformas digitales. Cuando un Estado ordena un corte o una restricción, la cadena de cumplimiento involucra a actores privados. La pregunta sobre hasta dónde debe llegar la obediencia de un ISP o una red social ante una instrucción gubernamental que compromete derechos fundamentales es un debate vigente en todo el mundo, y América Latina no es la excepción.
“Los apagones de internet son violaciones de derechos humanos. Afectan la capacidad de los ciudadanos de acceder a información, comunicarse libremente y participar en la vida pública, especialmente durante las elecciones.”
— Coalición #KeepItOn, carta abierta al presidente de Zambia, agosto de 2026
Un indicador a seguir
Lo que ocurra en Zambia el 13 de agosto será monitoreado en tiempo real por herramientas de medición como OONI Probe y por analistas de NetBlocks. Los datos resultantes alimentarán los informes anuales sobre libertad en internet y podrán ser citados en litigios y procesos de revisión ante organismos internacionales. Para los actores de derechos digitales en América Latina, cada nuevo caso documentado refuerza el argumento jurídico y político contra la legitimidad de los apagones como herramienta de gobernanza.
Si Zambia apaga internet el día de las elecciones, no será solo un problema africano: será otro precedente disponible para cualquier gobierno de la región que busque argumentos para hacer lo mismo.
