En 2021, Glovo enfrentó la Ley Rider española —que presume relación laboral cuando una plataforma organiza, dirige o controla el trabajo de repartidores mediante gestión algorítmica— y optó por rediseñar su sistema en lugar de cumplir. Según informó MIT Sloan Management Review, lo que pareció una solución ingeniosa terminó convirtiéndose en un problema mayor. El caso es hoy un manual de advertencia sobre los riesgos no calculados de los workarounds regulatorios, con implicancias directas para plataformas digitales que operan en América Latina bajo marcos normativos crecientemente similares.
La Ley Rider de España: presunción de laboralidad y gestión algorítmica
Aprobada en mayo de 2021 y en vigor desde agosto de ese año, la Ley Rider —Real Decreto-ley 9/2021— modificó el Estatuto de los Trabajadores español para incorporar una presunción de laboralidad específica para plataformas de reparto. El elemento disruptivo no fue la presunción en sí, sino su criterio de activación: basta con que la plataforma organice, dirija o controle el trabajo a través de algoritmos para que se presuma la existencia de un contrato de trabajo. Esto convirtió al sistema de despacho y asignación de pedidos —el núcleo operativo de Glovo— en evidencia potencial de control laboral.
La norma obligó a las plataformas a tomar una decisión estratégica concreta: restructurar el modelo de negocio para eliminar ese control algorítmico, asumir la laboralidad e incorporar a los repartidores como empleados, o buscar una tercera vía. Glovo eligió la tercera vía. El resultado, según se informó, fue que los cambios introducidos no solo no neutralizaron la presunción legal, sino que en algunos casos reforzaron ante los tribunales la percepción de que la compañía intentaba ocultar una relación de subordinación que seguía existiendo en los hechos.
Por qué los workarounds generan más riesgo legal que el incumplimiento directo
Existe una diferencia jurídica relevante entre no cumplir una norma y diseñar activamente un mecanismo para eludirla. En el primer caso, la empresa puede alegar interpretación razonable, vacíos normativos o incertidumbre legal. En el segundo, la existencia del rediseño intencional puede ser leída por un tribunal —o una autoridad regulatoria— como prueba de conocimiento previo de la obligación y voluntad deliberada de evitarla. Ese es el riesgo central que el caso Glovo expone: el workaround se convierte en elemento probatorio en contra.
Hay además un efecto de escrutinio amplificado. Las autoridades laborales y los litigantes que impugnan modelos de plataformas buscan precisamente patrones de diseño que sugieran elusión. Un sistema que fue modificado justo después de que entrara en vigencia una ley que penaliza determinadas características de ese sistema genera, casi automáticamente, una hipótesis de mala fe que la empresa deberá refutar con evidencia interna —comunicaciones, minutas de diseño, decisiones de producto— que rara vez conviene exponer en sede judicial.
Argentina, Brasil y México: tres marcos que presionan en la misma dirección
La discusión sobre la laboralidad de trabajadores de plataformas no es exclusiva de Europa. En América Latina, tres jurisdicciones concentran el mayor avance normativo. En Argentina, el debate legislativo sobre una ley de plataformas de reparto se instaló con fuerza durante 2022 y 2023, con proyectos que incorporan criterios de subordinación algorítmica similares a los de la Ley Rider. Aunque aún no existe una norma aprobada a nivel nacional, la jurisprudencia laboral argentina acumula fallos que reconocen relación de dependencia encubierta con repartidores de aplicaciones. El riesgo de litigio existe hoy, con o sin ley expresa.
Brasil avanza sobre un carril diferente pero convergente. La Proposta de Emenda Constitucional 12/2024 —conocida como PEC de los trabajadores de aplicación— y la regulación complementaria aprobada en 2024 establecieron derechos mínimos para repartidores y conductores, incluyendo garantías de remuneración por hora activa y cobertura de accidentes. La ANPT (Autoridade Nacional de Proteção do Trabalho, en proceso de consolidación institucional) y el Ministerio del Trabajo han señalado que la gestión algorítmica será un criterio de análisis en las inspecciones. En México, la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2021 que reguló el outsourcing también instaló una lógica de transparencia sobre las cadenas reales de control, que los tribunales laborales están usando para analizar plataformas de reparto en casos en curso ante la STPS.
Qué evaluar antes de diseñar una respuesta regulatoria en plataformas digitales
El caso Glovo sugiere un checklist mínimo para cualquier equipo legal o de producto que enfrente una nueva obligación regulatoria con impacto en el modelo operativo. Antes de optar por un rediseño orientado a la elusión, conviene responder al menos estas preguntas:
- ¿El cambio propuesto elimina la conducta que la norma busca regular, o solo modifica su presentación superficial?
- ¿Existen documentos internos —correos, presentaciones, tickets de producto— que relacionen el rediseño con la entrada en vigencia de la norma? Esos documentos son descubribles en litigio.
- ¿El workaround resiste el test de sustancia sobre forma que aplican los tribunales laborales y las autoridades regulatorias en la jurisdicción relevante?
- ¿Se consultó a un abogado laboral local con experiencia en plataformas, o solo al equipo de cumplimiento corporativo global?
- ¿Cuál es el costo comparado de cumplimiento directo versus litigio prolongado, incluyendo daño reputacional y multas acumuladas?
La última pregunta suele reencuadrar la decisión. En España, Glovo fue multada con más de 79 millones de euros por la Inspección de Trabajo entre 2021 y 2022, según registros públicos. Ese número, sumado a los costos legales de múltiples litigios simultáneos, difícilmente resulta inferior al costo de haber incorporado a los repartidores como empleados desde el inicio.
Nuestro análisis
La tendencia regulatoria sobre laboralidad algorítmica en América Latina sigue la dirección europea con un rezago de entre dos y cuatro años según la jurisdicción. Eso significa que las plataformas que operan hoy en Argentina, Brasil o México están tomando decisiones de arquitectura de producto que tendrán consecuencias jurídicas cuando las normas locales terminen de consolidarse. El caso Glovo demuestra que el momento más riesgoso para una plataforma no es cuando la ley ya está vigente y clara, sino durante la ventana de ambigüedad en que la norma existe pero su aplicación es todavía inconsistente: es en esa etapa cuando los workarounds se diseñan, y es exactamente esa etapa la que atraviesan hoy varios mercados latinoamericanos.
El error estratégico de fondo no fue técnico-legal: fue creer que un problema regulatorio puede resolverse con ingeniería de producto. Cuando una norma apunta al control real sobre el trabajo —y no a la forma contractual en que ese control se documenta— ningún rediseño de interfaz elimina la sustancia que los tribunales van a buscar. La pregunta que los equipos legales y de producto deberían hacerse no es “¿cómo evitamos que esto parezca control?” sino “¿tenemos o no tenemos control sobre estos trabajadores?”. Si la respuesta honesta es sí, el workaround solo compra tiempo y acumula evidencia.
Las plataformas latinoamericanas que hoy rediseñan flujos algorítmicos con el ojo puesto en regulaciones que “todavía no llegaron” deberían releer el expediente de Glovo: no como historia europea, sino como mapa de sus propios próximos dos años.
