La organización europea de consumidores BEUC presentó ante la Comisión Europea un alegato formal sosteniendo que las principales plataformas tecnológicas —entre ellas Alphabet, Apple, Meta y Amazon— están cumpliendo con la Ley de Mercados Digitales (DMA) de manera cosmética, sin modificar sus prácticas de fondo. La organización exige sanciones más severas, en particular sobre dos ejes: las barreras para cambiar de servicio (portabilidad efectiva) y el control real de los usuarios sobre sus datos personales. El caso expone una tensión central en la regulación digital global: la distancia entre la letra de la ley y su cumplimiento operativo.
El DMA, en vigor desde marzo de 2024 para los llamados “gatekeepers” designados por la Comisión Europea, impone obligaciones específicas a las plataformas con posición de control de acceso: interoperabilidad, portabilidad de datos, prohibición de autoprivilegio y transparencia en el uso de datos de terceros. BEUC argumenta, según se informó, que el cumplimiento declarado por las empresas no se traduce en cambios verificables para los usuarios finales, y que Brussels debe responder con sanciones que superen el umbral del 10% de facturación global que el propio DMA contempla para infracciones reiteradas.
Por qué el DMA importa más allá de Bruselas: el efecto Bruselas en 2026
El denominado “efecto Bruselas” —la tendencia de las empresas globales a adaptar sus productos a la regulación más exigente del mundo para reducir costos de compliance y luego aplicar ese estándar en otras geografías— tiene un límite crítico: solo funciona cuando hay enforcement real. Si la Comisión acepta cumplimientos performativos, las filiales latinoamericanas de esas mismas compañías operarán bajo estándares igualmente diluidos. Para reguladores de la región, esto no es un problema europeo: es el piso que les llega por defecto. Los equipos legales de plataformas globales que operan en México, Brasil o Argentina suelen alinearse con la política global de compliance, que hoy está siendo cuestionada por BEUC precisamente por su superficialidad.
Brasil (LGPD), México (LFPDPPP) y Argentina (Ley 25.326): portabilidad sin dientes
La portabilidad de datos —uno de los dos ejes del reclamo de BEUC— está reconocida formalmente en los tres marcos más relevantes de la región, pero con un nivel de desarrollo regulatorio muy desigual. En Brasil, el artículo 18, inciso V de la Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) reconoce el derecho a la portabilidad, aunque la Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) todavía no ha emitido una regulación técnica que defina el formato, el plazo y los protocolos de transferencia. En México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) de 2010 reconoce el derecho de acceso y portabilidad en términos generales, con un ecosistema de enforcement que históricamente ha sido reactivo. En Argentina, la Ley 25.326 —con más de dos décadas de vigencia— contempla el derecho de acceso pero carece de un mecanismo explícito de portabilidad técnica; el proyecto de reforma que tramita en el Congreso incorpora ese derecho de forma más operativa, aunque sin fecha cierta de aprobación.
En los tres casos, la debilidad no está en el texto legal sino en la ausencia de estándares técnicos vinculantes y en la capacidad de las autoridades para auditar el cumplimiento efectivo. BEUC está señalando exactamente ese mismo problema en Europa, donde el DMA es más preciso y el regulador más robusto. La pregunta para las autoridades latinoamericanas es incómoda: si Bruselas tiene dificultades para verificar la portabilidad real en plataformas globales, ¿qué chances tiene la ANPD, el INAI o la AAIP de hacerlo?
Barreras de switching: el modelo de ecosistemas cerrados y su impacto en usuarios de LATAM
El segundo eje del reclamo de BEUC apunta a las barreras de cambio de servicio: prácticas que hacen costoso o técnicamente difícil que un usuario migre de una plataforma a un competidor. En América Latina, donde la penetración de smartphones supera el 70% en mercados como Brasil, México y Colombia según datos de GSMA para 2024, y donde los sistemas operativos iOS y Android concentran prácticamente el 100% del mercado, esta discusión tiene consecuencias directas. Un usuario que almacena fotos, documentos y contraseñas en un ecosistema propietario enfrenta costos de migración que no son neutrales: son diseñados. El DMA apunta a desmantelar esa arquitectura de captura; si el cumplimiento es cosmético en Europa, el problema se multiplica en mercados donde no existe una regulación equivalente.
Qué puede hacer un regulador de LATAM con el expediente BEUC
La denuncia formal de BEUC ante la Comisión Europea es un insumo de política pública que las autoridades latinoamericanas pueden utilizar de forma directa. En primer lugar, como evidencia documentada de que las respuestas de compliance presentadas por estas compañías en Europa —que suelen ser la base de las respuestas que presentan ante reguladores locales— están siendo cuestionadas por una organización de consumidores con reconocida capacidad técnica. En segundo lugar, como argumento para incluir en las reformas legales en curso (Argentina, Perú, Ecuador) cláusulas de portabilidad con especificaciones técnicas mínimas y plazos de respuesta auditables, en lugar de reconocimientos genéricos del derecho. La ANPD brasileña, que avanza en la regulación del artículo 18 de la LGPD, tiene la oportunidad de aprender del proceso europeo antes de repetir sus errores.
Además, el caso refuerza la utilidad de los mecanismos de cooperación entre autoridades de protección de datos latinoamericanas e iberoamericanas —como la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD)— para compartir inteligencia regulatoria sobre el comportamiento de operadores globales. Lo que BEUC documenta en Bruselas no es ajeno a lo que enfrenta el INAI en Ciudad de México o la AAIP en Buenos Aires.
Nuestro análisis
El reclamo de BEUC no es una crítica al DMA como instrumento: es una crítica al enforcement. Y ese matiz importa. La Comisión Europea tiene el marco legal, tiene los poderes sancionatorios y tiene los recursos institucionales que ninguna autoridad latinoamericana tiene hoy. Si aun así el cumplimiento de los gatekeepers es calificado como performativo por una organización técnicamente sofisticada, el problema no es de diseño regulatorio: es de voluntad política y capacidad de verificación operativa. Para LATAM, donde los marcos de portabilidad son más débiles y las autoridades más pequeñas, el margen de maniobra frente a plataformas globales es todavía más estrecho. Apostar a que el efecto Bruselas resuelva el problema regional es una estrategia pasiva que no ha funcionado. Los reguladores de la región necesitan desarrollar capacidad propia de auditoría técnica —no solo capacidad jurídica— para contrastar lo que las empresas declaran con lo que efectivamente implementan. El expediente BEUC es un manual de preguntas que ya están formuladas; falta la institucionalidad local para hacerlas con consecuencias.
Si el enforcement más robusto del mundo cede ante cumplimientos de fachada, ¿qué estándar real están aplicando esas mismas empresas en mercados donde nadie les pregunta con tanto detalle?





