Perú planea construir un centro de vigilancia basado en inteligencia artificial financiado por China, según se informó en noviembre de 2025. El proyecto genera interrogantes sobre quién controla los datos captados, bajo qué marco legal opera y si los procesos de contratación cumplen con los estándares de transparencia pública. Para América Latina, donde varias naciones han adquirido tecnología de vigilancia china sin marcos regulatorios claros, el caso peruano es una señal de alerta difícil de ignorar.
El proyecto en Perú: financiamiento chino, datos nacionales
Según se informó, el plan contempla la instalación de infraestructura de vigilancia con reconocimiento facial y análisis de video impulsados por inteligencia artificial, con financiamiento proveniente de China. El detalle que concentra la atención de especialistas en gobernanza no es la tecnología en sí, sino la pregunta estructural que la acompaña: ¿bajo qué condiciones contractuales operará el sistema, quién tendrá acceso a los datos captados y qué mecanismos de auditoría se prevén? Hasta el momento de publicación de esta nota, no se había divulgado públicamente el texto del contrato ni los pliegos de contratación asociados al proyecto.
La opacidad en la contratación pública de tecnología de vigilancia no es exclusiva de Perú. En Ecuador, el sistema ECU-911 incorporó equipamiento de Huawei y ZTE en sus centrales integradas de seguridad sin que se conocieran públicamente los términos de transferencia de datos hacia proveedores o el Estado chino. En Bolivia y Venezuela, proyectos similares de ciudades seguras también careció de marcos de auditoría independiente, según han documentado organizaciones como Access Now y el Citizen Lab.
La Ley 29733 de Perú y el vacío en vigilancia estatal con IA
Perú cuenta con la Ley 29733 de Protección de Datos Personales, promulgada en 2011 y reglamentada por el Decreto Supremo 003-2013-JUS. La norma establece principios de finalidad, proporcionalidad y seguridad en el tratamiento de datos personales, y reconoce a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales —adscrita al Ministerio de Justicia— como órgano de control. Sin embargo, la ley fue diseñada con foco en el ámbito privado y no contempla explícitamente los sistemas de vigilancia masiva impulsados por inteligencia artificial ni los flujos transfronterizos de datos hacia proveedores tecnológicos extranjeros bajo contrato con el Estado. Esa brecha normativa es precisamente la que el proyecto de vigilancia pone en evidencia.
El artículo 15 de la Ley 29733 establece condiciones para la transferencia internacional de datos personales, exigiendo que el país receptor garantice un nivel de protección adecuado. La pregunta jurídica concreta es si China cumple ese estándar a efectos de la normativa peruana, especialmente considerando que la Ley de Seguridad de Datos de China de 2021 y la Ley de Seguridad del Ciberespacio de 2017 pueden obligar a empresas chinas a suministrar datos a autoridades del gobierno chino bajo ciertas circunstancias. Ningún análisis público oficial parece haber abordado esta tensión normativa antes de avanzar con el proyecto.
Brasil, Chile y Colombia: tres modelos de regulación de vigilancia estatal con IA
El contraste con otros países de la región es ilustrativo. Brasil sancionó la Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei 13.709/2018) con disposiciones aplicables al sector público, y la Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) ha avanzado en lineamientos sobre tratamiento de datos en seguridad pública. Más relevante aún: el Projeto de Lei 2.338/2023 sobre inteligencia artificial, aprobado por el Senado en 2024 y en debate en la Cámara de Diputados, incluye restricciones específicas al uso de reconocimiento facial en espacios públicos y exige evaluaciones de impacto previas para sistemas de IA de alto riesgo en el ámbito estatal.
Chile, por su parte, incorporó en su reforma constitucional frustrada de 2022 y retomó en el anteproyecto de ley de protección de datos —hoy Ley 21.719, publicada en diciembre de 2023— disposiciones sobre datos sensibles y tratamiento por organismos públicos. La ley chilena establece una categoría reforzada de protección para datos biométricos, que son precisamente los que captura un sistema de reconocimiento facial. Colombia, a través de la Ley 1581 de 2012 y la Circular Externa 002 de la Superintendencia de Industria y Comercio, también exige autorización previa para tratamiento de datos biométricos. Ninguno de estos marcos regionales sería compatible, sin adaptaciones, con un sistema de vigilancia masiva sin auditoría independiente ni publicidad contractual.
Transparencia en contratación pública: el ángulo que suele omitirse
Más allá del marco de privacidad, el proyecto peruano abre una discusión sobre gobernanza pública de tecnología. Los estándares del Open Contracting Partnership —a los que Perú ha adherido en el pasado— establecen que los contratos públicos de tecnología deben ser accesibles, con especificaciones técnicas y condiciones de propiedad de los datos claramente definidas. La opacidad en este tipo de adquisiciones no solo vulnera el derecho ciudadano a la información: también impide que organismos de control, legisladores y sociedad civil puedan evaluar si el Estado está cediendo capacidades soberanas sobre datos de sus ciudadanos a un proveedor o gobierno extranjero.
En materia de gobernanza de datos públicos, el concepto de soberanía de datos —la capacidad de un Estado de controlar los datos generados en su territorio— es cada vez más relevante en las negociaciones de infraestructura tecnológica. Proyectos similares en África (Zimbabue, Uganda, Kenia) financiados por proveedores chinos han sido documentados por investigadores del Carnegie Endowment como casos donde la transferencia tecnológica incluyó, según se informó, acceso continuo a datos por parte del proveedor. No hay evidencia pública de que el caso peruano replique ese esquema, pero la ausencia de información tampoco permite descartarlo.
Qué monitorear en los próximos meses
Los hitos regulatorios y políticos a seguir son los siguientes:
- Publicación del contrato o convenio entre el Estado peruano y el proveedor chino, incluyendo cláusulas de propiedad, acceso y transferencia de datos captados.
- Pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales de Perú sobre la compatibilidad del proyecto con la Ley 29733, en particular el artículo 15 sobre transferencias internacionales.
- Avance del proyecto de ley de inteligencia artificial en Perú —actualmente en etapa de consulta pública en el Congreso— que podría establecer restricciones al uso de reconocimiento facial por parte del Estado.
- Respuesta del Congreso peruano a través de las comisiones de Justicia y de Ciencia y Tecnología, que tienen competencia para fiscalizar este tipo de adquisiciones.
- Posición de la sociedad civil peruana e internacional (Hiperderecho, Access Now) respecto del proyecto.
Nuestro análisis
El debate sobre vigilancia con IA financiada por China no es nuevo, pero Perú llega a él sin los instrumentos que otros países de la región ya tienen en desarrollo. Brasil tiene un proyecto de ley de IA con restricciones explícitas al reconocimiento facial estatal. Chile tiene una ley de datos personales que protege datos biométricos con categoría reforzada. Colombia exige autorización previa para su tratamiento. Perú tiene una ley de protección de datos de 2011 que no contempla estas tecnologías y un proceso de contratación que, según se informó, no ha sido transparentado. Esa combinación —tecnología de alto riesgo, opacidad contractual y vacío normativo— es exactamente la que los marcos regulatorios modernos buscan prevenir.
El argumento de la seguridad pública no es irrelevante: Perú enfrenta desafíos reales en materia de crimen organizado y seguridad ciudadana. Pero la efectividad de un sistema de vigilancia no está reñida con la exigencia de transparencia contractual, auditoría independiente y definición clara de quién es el titular soberano de los datos captados. Estos no son requisitos burocráticos: son las condiciones mínimas para que una democracia pueda evaluar si el costo en derechos ciudadanos justifica el beneficio en seguridad.
Si Perú no define hoy quién controla los datos de su sistema de vigilancia, esa definición la hará el contrato que nadie ha leído.





