La Electronic Frontier Foundation publicó más de 800 páginas de documentos internos que evidencian problemas graves en el programa WISeR de Medicare, un sistema basado en inteligencia artificial que evalúa autorizaciones previas para servicios médicos. Los registros, obtenidos mediante una demanda judicial presentada en marzo de 2026, confirman demoras, denegaciones de atención y reportes de daño a pacientes.
El programa WISeR (Wasteful and Inappropriate Service Reduction) fue diseñado por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) para automatizar con IA la aprobación o rechazo de solicitudes de atención médica. La EFF interpuso una demanda contra el gobierno estadounidense para obtener información sobre su funcionamiento y, como resultado de ese litigio, accedió a contratos, órdenes de trabajo y solicitudes de planes de acción correctiva enviadas a cuatro de los seis proveedores del sistema.
Datos confirmados en los 800 nuevos documentos
- Más de 800 páginas de documentos internos publicadas el 27 de octubre de 2026.
- CMS emitió requerimientos de información o planes de acción correctiva a 4 de los 6 proveedores de WISeR.
- Se publicaron solicitudes de aplicación de 66 empresas al modelo, incluyendo las 6 seleccionadas.
- Los documentos incluyen contratos y órdenes de trabajo para evaluación, implementación y monitoreo del sistema.
- Un lote anterior de registros, publicado en septiembre de 2026, ya había revelado caos operativo y reportes de daño a pacientes.
Qué se confirma y qué sigue sin verificarse sobre la supervisión clínica
Los documentos dejan en claro que el despliegue de WISeR fue apresurado. Sin embargo, la información pública aún no permite determinar si la revisión por parte de clínicos humanos constituye una supervisión real o meramente formal sobre las decisiones del sistema. Tampoco está confirmado qué datos se utilizan para evaluar las solicitudes de autorización previa, un punto crítico para determinar si el modelo opera con sesgos o sin los controles adecuados. La EFF sostiene que la IA no debería tener lugar en decisiones gubernamentales que afectan derechos o el acceso a beneficios, posición que ha extendido también a contextos de inmigración y otras áreas sensibles.
El caso abre preguntas directas para América Latina, donde varios sistemas de salud públicos y obras sociales comienzan a incorporar herramientas de IA para gestión de prestaciones. En Argentina, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales —cuya reforma sigue pendiente en el Congreso— no contempla explícitamente el derecho a no ser objeto de decisiones completamente automatizadas con efectos jurídicos o equivalentes, a diferencia del artículo 22 del GDPR europeo. En Brasil, la LGPD sí reconoce ese derecho en su artículo 20, aunque la ANPD todavía no ha emitido regulación específica sobre sistemas de IA en salud pública. México, a través del INAI, tampoco cuenta con lineamientos sectoriales para el uso de decisiones automatizadas en prestaciones sociales o médicas.
El próximo hito del caso es la continuación del litigio EFF v. CMS, donde se definirá si el gobierno debe entregar información adicional sobre los mecanismos de supervisión humana del sistema WISeR.
