Indonesia avanza en la redacción de un proyecto de ley denominado “One Data” con el objetivo de unificar la gobernanza de datos a escala nacional, consolidando bajo un único marco legal la producción, el intercambio y el uso de datos entre organismos del Estado. La iniciativa representa uno de los movimientos legislativos más ambiciosos en materia de gobernanza de datos en el Sudeste Asiático, y pone en evidencia una tendencia que América Latina todavía no ha replicado con la misma coherencia estructural.
El proyecto, según se informó por la agencia ANTARA, busca dar rango de ley a la política “Satu Data Indonesia” (Un Solo Dato Indonesia), que hasta ahora operaba bajo un reglamento presidencial —el Perpres 39/2019— sin la fuerza vinculante de una ley sancionada por el parlamento. El salto de decreto a ley no es menor: implica estándares de datos obligatorios para todos los ministerios, mecanismos de auditoría centralizados y una arquitectura de interoperabilidad entre sistemas de información del sector público.
De decreto presidencial a ley: qué cambia con el Proyecto “One Data” en Indonesia
El Perpres 39/2019 estableció los principios de Satu Data Indonesia —un dato, un estándar, satu metadata, un portal—, pero su implementación dependía de la voluntad política de cada cartera. Con la elevación a ley, la propuesta introduce responsabilidades formales para los data wali (data custodians) sectoriales, obliga a la estandarización de metadatos interoperables y crea un mecanismo de coordinación bajo el Ministerio de Planificación Nacional (Bappenas). En términos de madurez de gobernanza, esto equivale a pasar del nivel 1 (inicial/ad hoc) al nivel 3 del marco DCAM del EDM Council, donde las capacidades de gestión de datos están formalizadas y alineadas con estructuras organizacionales definidas.
El proyecto también contempla, según se informó, sanciones administrativas para los organismos que no cumplan con los estándares de calidad y publicación de datos. Este punto es relevante porque introduce un mecanismo de accountability que los marcos de gobernanza de datos en el sector público suelen carecer: sin consecuencias, la adopción de estándares queda librada a iniciativas individuales de los data stewards de turno.
México, Colombia y Brasil frente al mismo desafío de fragmentación de datos públicos
La fragmentación de datos entre entidades públicas no es exclusiva de Indonesia. En América Latina, el problema es estructural y, en varios países, carece de una respuesta legislativa equivalente. México opera bajo la Política de Datos Abiertos del Decreto de 2015, que impulsa la publicación de datos gubernamentales pero no establece estándares vinculantes de interoperabilidad ni roles formales de data stewardship entre secretarías. Colombia avanzó con el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del MinTIC y el modelo de apertura de datos de datos.gov.co, aunque sin una ley que unifique la gobernanza de datos del Estado central. Brasil, el caso más maduro de la región en términos normativos, tiene en la Lei de Acesso à Informação (LAI, Ley 12.527/2011) y la LGPD (Ley 13.709/2018) dos pilares complementarios, pero aún carece de una arquitectura de datos unificada para el sector público federal que tenga rango legal explícito.
El contraste es significativo: mientras Indonesia impulsa una ley que define roles, estándares, metadatos y sanciones para la gobernanza de datos públicos bajo un único techo normativo, la mayoría de los países de la región mantienen marcos dispersos entre decretos, resoluciones sectoriales y directrices de arquitectura sin jerarquía legal clara.
Por qué la interoperabilidad sin ley es un techo de cristal para el sector público
El nudo del problema no es técnico sino institucional. Cualquier CDO o Chief Data Officer del sector público latinoamericano sabe que el mayor obstáculo para implementar data lineage o un catálogo de datos compartido entre organismos no es la tecnología: es la ausencia de mandato legal que obligue a las distintas agencias a compartir datos bajo formatos comunes. Sin ese mandato, cada ministerio o secretaría opera con su propio diccionario de datos, sus propias definiciones de indicadores y sus propias reglas de acceso. El resultado es lo que DAMA-DMBOK identifica como “silos de datos institucionales”, un patrón que degrada la calidad de las políticas públicas basadas en evidencia.
La iniciativa indonesia también es relevante desde la perspectiva del Data Governance Institute: Gwen Thomas ha señalado que la gobernanza de datos efectiva requiere autoridad formal, no solo convicción técnica. Un proyecto de ley que asigna roles, define responsabilidades y establece consecuencias es exactamente ese tipo de autoridad formal que el sector público latinoamericano raramente ejerce sobre sus propios activos de datos.
Qué monitorear: hitos del proyecto indonesio y señales para la región
El proyecto “One Data” ingresó a la fase de redacción legislativa, según se informó, lo que significa que aún debe recorrer el proceso parlamentario antes de su sanción. Los próximos pasos a observar incluyen: la definición final del organismo rector (si será Bappenas o un ente autónomo), el alcance de las sanciones administrativas y la hoja de ruta de implementación para los ministerios con menor madurez digital. Para los equipos de gobernanza de datos en LATAM, este proceso ofrece un caso de estudio en tiempo real sobre cómo convertir una política de datos en legislación con dientes.
Organismos como la CEPAL y el BID llevan años señalando la necesidad de marcos de interoperabilidad para datos públicos en América Latina. Si Indonesia logra sancionar “One Data” con los componentes de roles, estándares y sanciones, el caso podría funcionar como referencia para legisladores de la región que buscan modelos concretos más allá de los europeos.
Nuestro análisis: la gobernanza de datos públicos necesita ley, no solo política
La iniciativa de Indonesia expone una brecha que DataTrends LATAM identifica como uno de los problemas estructurales más subestimados de la región: la gobernanza de datos del sector público opera mayoritariamente sobre bases voluntarias. Eso es equivalente a implementar DAMA-DMBOK sin un patrocinador ejecutivo y sin consecuencias por incumplimiento. Los CDOs del sector público latinoamericano enfrentan la paradoja de tener mandatos de transformación digital sin la autoridad formal para exigir estándares de datos a sus pares en otras carteras.
Un CDO o responsable de datos en un ministerio regional debería, con esta noticia sobre la mesa, revisar si su organismo cuenta con al menos tres elementos que el proyecto indonesio busca institucionalizar: (1) un rol formal de data steward con responsabilidades documentadas, (2) un diccionario de datos o catálogo con metadatos estandarizados, y (3) un mecanismo de reporte de calidad de datos hacia un ente central. Si alguno de estos tres falta, el camino empieza por documentar la brecha y elevarla como riesgo institucional, no como deuda técnica.
La pregunta para los equipos de gobernanza de datos del sector público en la región no es si necesitan una ley como la indonesia, sino cuántos ciclos presupuestarios más pueden sostener una arquitectura de datos fragmentada antes de que el costo político se vuelva inocultable.
