La Electronic Frontier Foundation presentó un comentario público ante la Junta de Supervisión de Meta documentando un patrón sistemático: las plataformas del grupo —Instagram en particular— eliminan contenido legítimo sobre salud reproductiva al confundirlo con tráfico de medicamentos. El caso en análisis involucra una publicación de Instagram sobre medicamentos de prescripción durante el embarazo y el parto.
El problema no es anecdótico. A través del proyecto Stop Censoring Abortion, la EFF recopiló cerca de cien testimonios de proveedores de salud, clínicas, educadores, investigadores y advocates cuyo contenido había sido eliminado o suprimido por plataformas de redes sociales. El denominador común: en casi todos los casos documentados, las publicaciones censuradas no violaban las reglas declaradas de las plataformas.
La política de bienes restringidos de Meta y su aplicación sobre contenido médico legítimo
Meta invoca con frecuencia su Política de Bienes y Servicios Restringidos, que prohíbe intentos de comprar, vender, intercambiar, donar o solicitar medicamentos farmacéuticos. El problema es que el sistema de moderación no distingue entre esa conducta prohibida y la discusión factual o educativa sobre esos mismos medicamentos. Según la documentación de la EFF, el contenido eliminado consistía abrumadoramente en información clínica, experiencias personales con la atención médica y datos para acceder a servicios legales, no en ofertas comerciales de fármacos.
Los efectos concretos fueron significativos. La Miscarriage+Abortion Hotline tuvo su cuenta de Instagram restringida y publicaciones eliminadas a pesar de que su actividad se limitaba a informar sobre cómo obtener medicación de manera legal. Red River Women’s Clinic y el centro de investigación RISE de la Universidad de Emory enfrentaron situaciones similares. Se documentaron además bajas repentinas de cuentas, desranqueo de perfiles sin notificación y procesos de apelación que, según la EFF, rara vez llegaban a una resolución concreta.
Cuándo aplica la restricción y cuándo no: el límite que los sistemas automáticos no logran trazar
La política de Meta aplica —al menos en su formulación textual— a transacciones comerciales de medicamentos no autorizadas. No aplica, en principio, a la información médica de acceso público, a la educación sanitaria ni a los testimonios personales sobre experiencias de salud. El fallo documentado por la EFF ocurre en la capa de detección: los sistemas automáticos identifican palabras clave o patrones asociados a fármacos específicos sin evaluar el contexto de la publicación. El resultado es lo que la EFF denomina sobre-aplicación sistémica: el contenido con más probabilidad de ser eliminado es, paradójicamente, el que proviene de actores institucionales con perfiles verificables y contenido clínicamente preciso.
Este tipo de sobre-moderación no es un error técnico menor. Cuando una clínica pierde su cuenta de Instagram sin posibilidad real de apelar, se interrumpe un canal de acceso a información que para muchas personas —especialmente en contextos de baja escolaridad o zonas rurales— puede ser el único disponible. La EFF sostiene que la Junta de Supervisión de Meta tiene ante sí la oportunidad de establecer un estándar claro: hablar sobre medicamentos no equivale a venderlos.
El régimen de moderación de contenido y los derechos digitales en América Latina
En América Latina, la tensión entre moderación de contenido y libertad de expresión en salud reproductiva adquiere dimensiones adicionales. Varios países de la región —entre ellos Argentina, Ecuador, Honduras y El Salvador— tienen marcos legales restrictivos sobre el aborto, lo que genera incentivos para que los sistemas de moderación sean aún más agresivos con contenido relacionado. En México, donde la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) regula el tratamiento de datos de salud como categoría sensible, la eliminación arbitraria de cuentas de salud también plantea interrogantes sobre el tratamiento que las plataformas dan a la información que recopilan antes de eliminar el contenido. En Brasil, la Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) ha comenzado a observar con mayor atención las prácticas de las plataformas sobre datos sensibles, categoría que bajo la Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) incluye explícitamente datos sobre salud. La sobre-moderación, en este marco, no es solo un problema de libertad de expresión: puede implicar tratamiento indebido de datos personales sensibles.
La Junta de Supervisión de Meta es un mecanismo de rendición de cuentas de alcance global. Sus decisiones se aplican a todas las plataformas del grupo en todos los países donde operan. Eso significa que un fallo que establezca criterios más precisos para distinguir información médica legítima de transacciones comerciales prohibidas tendría efecto directo sobre millones de usuarios latinoamericanos.
El comentario completo de la EFF ante la Junta de Supervisión de Meta, así como los testimonios recopilados a través del proyecto Stop Censoring Abortion, están disponibles en eff.org/pages/stop-censoring-abortion. La decisión de la Junta sobre el caso de medicamentos durante el embarazo aún está pendiente.
