La organización austriaca de privacidad noyb presentó cinco denuncias en cuatro estados miembros de la Unión Europea contra Scale AI, acusando a la firma estadounidense de anotación de datos de rastrear de forma encubierta a sus contratistas independientes a través de la plataforma Outlier.
Las denuncias fueron radicadas ante las autoridades de control de cuatro países de la UE, según se informó el 27 de octubre de 2026. El eje de las acusaciones es que Outlier —plataforma que Scale AI utiliza para coordinar trabajo de anotación y evaluación de datos empleado en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial— habría implementado mecanismos de monitoreo sobre sus contratistas sin base legal suficiente bajo el RGPD. Los trabajadores afectados no serían empleados en relación de dependencia sino contratistas independientes, una categoría cuya protección bajo la normativa europea de datos personales ha sido objeto de debate creciente.
Cinco denuncias, cuatro reguladores, un mismo patrón
- Organización denunciante: noyb (None of Your Business), con sede en Viena
- Número de denuncias presentadas: 5
- Jurisdicciones involucradas: 4 estados miembros de la UE (no confirmadas individualmente en la fuente)
- Plataforma en cuestión: Outlier, operada por Scale AI
- Naturaleza del tracking: monitoreo de contratistas, según se informó
- Marco normativo invocado: Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
Qué está confirmado y qué falta verificar
Está confirmado que noyb presentó las denuncias y que apuntan a prácticas de seguimiento (tracking) sobre contratistas de Outlier. Lo que permanece sin confirmar oficialmente es cuáles son exactamente los cuatro estados miembros ante cuyas autoridades se radicaron las quejas, el detalle técnico de los mecanismos de vigilancia presuntamente utilizados, y si Scale AI emitió alguna respuesta pública a las acusaciones. Tampoco se confirmó si las autoridades nacionales de protección de datos involucradas ya acusaron recibo o abrieron investigación formal. Noyb es conocida por estrategias de litigio coordinado; sus denuncias simultáneas en múltiples jurisdicciones buscan generar precedente vinculante y presionar a la autoridad de control principal bajo el mecanismo de ventanilla única del RGPD.
Para América Latina, el caso tiene resonancia directa: las plataformas de anotación de datos —que emplean a miles de trabajadores en países como México, Colombia, Argentina y Brasil para tareas de etiquetado, evaluación de respuestas y ajuste fino de modelos— operan en su mayoría bajo contratos de prestación de servicios independientes. La LGPD brasileña, la Ley 25.326 argentina, la Ley 1581 colombiana y la normativa chilena de protección de datos reconocen derechos a los titulares de datos con independencia de su relación laboral. Si la UE determina que el monitoreo de contratistas en Outlier viola el RGPD, ese estándar podría convertirse en referencia para reclamos similares en la región, particularmente en Brasil, donde la Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) ya mostró interés en los tratamientos de datos ligados al desarrollo de IA.
El próximo hito a seguir es la decisión de admisibilidad de las autoridades de control nacionales involucradas, que determinará si las denuncias avanzan a investigación formal bajo el RGPD.
