La provincia de Buenos Aires formalizó un nuevo marco de gobernanza de datos impulsado por la gestión del gobernador Axel Kicillof, que incluye también la actualización de su infraestructura tecnológica base. La iniciativa posiciona a la provincia más poblada de Argentina como la primera jurisdicción subnacional del país en adoptar un esquema estructurado de gestión de datos públicos, según se informó en medios locales el 16 de septiembre de 2025.
El anuncio combina dos planos distintos pero complementarios: la modernización de sistemas operativos en dependencias provinciales —con migración hacia versiones actualizadas de Windows— y la creación de un marco normativo-institucional para ordenar cómo el Estado bonaerense recolecta, procesa, comparte y resguarda sus datos. La coexistencia de ambas medidas no es casual: sin una capa de infraestructura actualizada, cualquier política de gobernanza de datos corre el riesgo de quedar en papel.
Qué contiene el marco bonaerense y qué organismos involucra
Según se informó, el esquema abarca criterios de clasificación de datos, definición de roles de custodia y reglas de interoperabilidad entre organismos provinciales. La arquitectura propuesta establece responsabilidades diferenciadas por tipo de dato —con énfasis en datos sensibles de ciudadanos— y prevé mecanismos de auditoría interna. No se han publicado hasta el momento los textos técnicos completos ni los decretos específicos que le dan fuerza normativa al marco, por lo que el alcance preciso de las obligaciones que impone a cada organismo aún no puede verificarse de fuentes oficiales directas.
Lo que sí resulta significativo es el nivel de gobierno que lidera la iniciativa: al emanar directamente del Ejecutivo provincial, el marco tiene potencial de impactar a más de 600 organismos y reparticiones del Estado bonaerense, incluyendo ministerios, entes autárquicos y organismos de recaudación como ARBA, que ya opera con grandes volúmenes de datos fiscales de personas físicas y jurídicas.
Argentina en 2025: el vacío de gobernanza subnacional que esta medida empieza a cubrir
A nivel nacional, Argentina no cuenta con una ley específica de gobernanza de datos públicos. La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales regula el tratamiento de datos de personas físicas, pero no establece un esquema de gobierno del dato para el Estado como actor institucional. El Poder Ejecutivo Nacional avanzó con el Decreto 558/2022, que creó la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) como autoridad de aplicación, pero sin un marco de data governance que defina roles tipo data owner o data steward dentro de los organismos públicos. La iniciativa bonaerense cubre, al menos parcialmente, ese vacío a escala provincial.
En paralelo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viene desarrollando su propia arquitectura de datos a través de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, aunque sin un marco formal publicado con ese nombre. La provincia de Córdoba también tiene experiencia en interoperabilidad entre organismos, pero igualmente carece de un esquema codificado de gobernanza. Buenos Aires provincia se adelanta, al menos en términos de denominación institucional explícita.
Marco comparado LATAM: Brasil, Chile y Colombia ya cuentan con referencia normativa nacional
En Brasil, la Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Ley 13.709/2018) obliga a los organismos públicos a designar un Encarregado de Dados —equivalente funcional del Data Protection Officer europeo— y establece bases legales específicas para el tratamiento de datos por parte del Estado. La Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) viene desarrollando resoluciones que profundizan los requisitos de governance para el sector público federal, con un roadmap que incluye guías de gestión del ciclo de vida del dato. Lo que Buenos Aires anuncia como marco propio, Brasil lo viene construyendo con respaldo normativo federal desde 2020.
En Chile, la Ley 21.663 de Protección de Datos Personales —promulgada en 2024 y en proceso de implementación gradual— incorpora obligaciones diferenciadas para organismos públicos, incluyendo la figura del Delegado de Protección de Datos. Colombia, por su parte, opera bajo la Ley 1581/2012 complementada por el Decreto 1377/2013, y su Autoridad Nacional de Protección de Datos (SIC) ha emitido instrucciones específicas para entidades del Estado. Ninguno de estos países, sin embargo, cuenta con un marco de gobernanza de datos públicos separado de la legislación de privacidad —lo que muestra que la iniciativa bonaerense, si logra esa distinción, abre un camino relativamente inédito en la región.
Qué implica para equipos de datos en organismos provinciales y empresas que contratan con el Estado
Para los equipos técnicos que operan dentro de la administración bonaerense, la creación de un marco de gobernanza implica la definición formal de data stewards por área temática, la elaboración o actualización de un catálogo de datos con clasificación por sensibilidad, y el establecimiento de acuerdos de intercambio de datos (data sharing agreements) entre organismos. Siguiendo la metodología DAMA-DMBOK, estas son las áreas de conocimiento de Knowledge Area 1 (Data Governance) y Knowledge Area 2 (Data Architecture) que cualquier organismo público debería tener documentadas antes de poder reportar cumplimiento con un marco de este tipo.
Para empresas que prestan servicios tecnológicos o de datos a la provincia —desde consultoras hasta proveedores de cloud—, el nuevo marco puede traducirse en requisitos contractuales más estrictos: cláusulas de tratamiento de datos, restricciones de transferencia internacional y obligaciones de auditoría. Los pliegos de licitación podrían incorporar, en los próximos meses, exigencias de certificación o declaración de cumplimiento con el marco provincial.
Qué monitorear en las próximas semanas
Los puntos críticos a seguir son tres. Primero, la publicación del texto completo del marco en el Boletín Oficial de la provincia, que determinará si tiene fuerza de decreto, resolución o instrucción administrativa, con implicancias directas sobre su obligatoriedad y jerarquía normativa. Segundo, la designación del organismo rector o unidad de gobierno del dato que supervisará el cumplimiento —si ese rol recae en la Subsecretaría de Tecnología e Innovación o en un nuevo ente, cambia la estructura de accountability. Tercero, el cronograma de implementación por tipo de organismo: los marcos que carecen de fases graduales suelen diluirse en la práctica dentro de las burocracias estatales.
Nuestro análisis
La iniciativa bonaerense es políticamente significativa, pero su valor real depende de un detalle que todavía no está disponible públicamente: el texto normativo. Anunciar un “marco de gobernanza de datos” sin publicar los instrumentos legales que lo sostienen es una práctica frecuente en la región —y también la razón por la que muchos de esos marcos quedan como ejercicios de comunicación en lugar de transformaciones operativas. Si la provincia de Buenos Aires logra publicar roles formalizados (data owner, data steward), un registro de activos de datos y mecanismos de auditoría con periodicidad definida, habrá dado un paso que ninguna otra jurisdicción subnacional argentina ha dado de forma documentada. Si el marco queda en una declaración de principios, se sumará a una larga lista de iniciativas de modernización estatal que no sobreviven al ciclo político. La diferencia entre ambos escenarios se verá en el Boletín Oficial, no en el comunicado de prensa.
La gobernanza de datos pública en Argentina no se construye con anuncios: se construye con textos normativos, roles con nombre y apellido institucional, y presupuesto asignado. Eso es lo que hay que pedir en el Boletín Oficial.
