El Congreso de Estados Unidos está canalizando un creciente rechazo bipartidista hacia la ausencia de controles federales sobre inteligencia artificial, en una tensión directa con la postura desregulatoria de la administración Trump. Para América Latina, donde varios países tienen marcos de IA en etapa de borrador o consulta pública, el desenlace de ese debate importa más de lo que parece: los estándares que se consoliden en Washington tienden a convertirse en referencia obligada para reguladores de la región.
Según se informó, Amba Kak, co-directora ejecutiva del AI Now Institute, describió el momento actual como “una oportunidad política realmente importante y una ventana de política” —una apertura que los defensores de la regulación buscan aprovechar antes de que el impulso legislativo se diluya. El contexto es el siguiente: la administración Trump impulsó desde el inicio de su gestión una agenda de desregulación en IA, revocando directivas del gobierno anterior y apostando por la competencia tecnológica como principio rector. Pero esa estrategia está chocando con resistencia dentro del propio sistema político estadounidense.
La fractura en el Congreso y la ausencia de una ley federal de IA en EE.UU.
Estados Unidos carece hasta hoy de una ley federal integral de inteligencia artificial. A diferencia de la Unión Europea, que promulgó el AI Act con un esquema de riesgos escalonados, Washington opera con un patchwork de regulaciones sectoriales —en salud, finanzas, derechos civiles— sin un paraguas normativo unificado. El creciente malestar legislativo que describe el AI Now Institute refleja una frustración acumulada: los congresistas reciben presión de sus distritos por casos concretos de daño algorítmico —discriminación en crédito, sesgos en sistemas penales, deepfakes electorales— y no tienen un instrumento federal para responder. Esa brecha es la que los impulsores de guardarraíles quieren cerrar.
El AI Act europeo como espejo: qué adoptó y qué rechazó América Latina
Mientras el debate estadounidense se traba entre el ejecutivo y el legislativo, América Latina avanza —con distinta velocidad— en sus propios marcos. Brasil es el caso más avanzado: el Proyecto de Ley 2338/2023, aprobado por el Senado y en revisión en la Cámara de Diputados, adopta explícitamente el enfoque de riesgo del AI Act europeo y contempla obligaciones de transparencia, evaluaciones de impacto y un rol activo de la Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) como autoridad competente en los cruces entre IA y datos personales. La ANPD ya publicó notas técnicas sobre IA generativa en el marco de la LGPD.
En Colombia, el MinTIC presentó en 2023 una política nacional de IA y existe un proyecto de ley en discusión, aunque sin fechas de aprobación firmes. Chile, por su parte, trabaja en un proyecto de ley de IA que complementa su reforma constitucional de protección de datos, aún en trámite parlamentario. México no cuenta con legislación específica de IA a nivel federal, aunque el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) —hoy en proceso de reestructuración bajo la reforma al Poder Judicial— emitió recomendaciones no vinculantes sobre uso de IA en tratamiento de datos personales bajo la LFPDPPP.
Por qué el resultado del debate en Washington afecta a reguladores en Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México
La influencia de EE.UU. sobre la regulación tecnológica en LATAM opera por dos vías. La primera es directa: las empresas de tecnología con mayor presencia en la región —Google, Meta, Microsoft, Amazon— son de origen estadounidense y adaptan sus productos y políticas de cumplimiento según el marco regulatorio de su país de origen. Si Washington adopta guardarraíles concretos —obligaciones de auditoría, requisitos de etiquetado de contenido generado por IA, mecanismos de rendición de cuentas—, esas exigencias se trasladan operativamente a sus subsidiarias y proveedores en la región. La segunda vía es normativa: los organismos internacionales donde participan países latinoamericanos —OCDE, UNESCO, OEA— toman nota de los movimientos regulatorios de las potencias y los incorporan a sus recomendaciones. La Recomendación de la OCDE sobre IA, que varios países de la región han suscripto, ya establece principios que convergen con el debate actual en el Congreso estadounidense.
Qué monitorear en los próximos 90 días: hitos legislativos y señales de Brasilia y Bogotá
Para equipos de compliance y asuntos regulatorios con operaciones en América Latina, los próximos meses presentan varios hitos concretos a seguir:
- Avance del PL 2338/2023 en la Cámara de Diputados de Brasil: cualquier modificación al artículo sobre sistemas de alto riesgo y al rol de la ANPD redefinirá las obligaciones de los principales proveedores de IA en el mercado más grande de la región.
- Presentación o archivo de proyectos de ley de IA en Colombia y Chile antes del cierre de los períodos legislativos de 2025, que marcarán si la región acelera o frena su convergencia con el modelo europeo.
- Posición del Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología del Congreso de EE.UU. frente a posibles audiencias sobre daños de IA: si se producen, generarán jurisprudencia política con efecto irradiador.
- Resoluciones de la ANPD de Brasil sobre IA generativa y datos de entrenamiento, que podrían anticipar criterios de enforcement aplicables a modelos de lenguaje operando bajo la LGPD.
Nuestro análisis
La narrativa de que la regulación de IA es un asunto exclusivamente europeo —y que Washington y LATAM simplemente observan— está quedando obsoleta. El malestar legislativo en el Congreso de EE.UU. muestra que incluso en el ecosistema más favorable a la desregulación existen límites políticos a la ausencia total de controles. Para la región, eso es relevante por una razón operativa: las empresas que ya están implementando sistemas de gestión de riesgos de IA compatibles con el AI Act europeo o con el borrador brasileño no necesitarán reinventar su arquitectura de cumplimiento si Washington eventualmente converge hacia estándares similares. Las que apostaron por la inacción podrían enfrentar una doble adaptación simultánea —regulación local más estándar de EE.UU.— en un plazo más corto del que anticipaban.
La ventana regulatoria que el AI Now Institute identifica en Washington no es solo un fenómeno político estadounidense: es el momento en que los equipos de regulación corporativa en LATAM deberían estar revisando sus mapas de riesgo de IA, no esperando a que el texto definitivo llegue firmado.
