La provincia argentina de Río Negro está a punto de sancionar un marco normativo propio de gobernanza de datos públicos, según informó el medio legislativo Quorum. El proyecto, que ingresó a la etapa final de debate parlamentario, propone un modelo de gestión, clasificación y uso de los datos que producen los organismos estatales provinciales —y ha generado diferencias internas que todavía no están resueltas.
La iniciativa representa uno de los primeros intentos subnacionales en Argentina de codificar, en un texto legal, los principios que deben regir el ciclo de vida del dato público: desde su producción hasta su acceso, reutilización y eventual apertura. Esto la distingue de las leyes de acceso a la información pública ya vigentes —como la Ley Nacional 27.275— que regulan el derecho de acceso pero no la arquitectura de gestión interna del dato en el Estado.
Qué propone el proyecto rionegrino: clasificación, acceso y roles institucionales
Según se informó, el texto establece un esquema de clasificación de los datos públicos provinciales según su sensibilidad y posibilidades de apertura, y define roles institucionales responsables de la custodia y calidad de esa información. En la nomenclatura de la industria, el proyecto intentaría instalar algo equivalente a la figura del data steward en el aparato estatal: un responsable funcional que no es el área de sistemas, sino el área productora del dato. El proyecto también contempla mecanismos de interoperabilidad entre organismos y criterios mínimos de calidad del dato.
Las diferencias internas que menciona la cobertura legislativa habrían girado, según se informó, en torno al alcance del órgano rector propuesto —si debe ser un ente autónomo, una secretaría bajo el Ejecutivo, o una comisión mixta con participación legislativa— y al grado de obligatoriedad de los estándares de apertura para los organismos descentralizados. Esa tensión entre centralización del gobierno del dato y autonomía de los productores de datos es clásica en cualquier implementación de marcos de gobernanza, y aparece tanto en el sector privado como en el público.
Argentina sin ley nacional de gobernanza de datos del Estado: el vacío que las provincias empiezan a llenar
Argentina carece de un marco nacional que regule específicamente la gobernanza de datos en el sector público más allá de la apertura de datos y el acceso a la información. El Decreto 1063/2016 y el Plan de Modernización del Estado impulsaron la apertura de datos bajo un modelo de datos abiertos, pero sin definir estructuras de ownership, linaje (data lineage) ni criterios de calidad sistematizados para los datos que el Estado produce y consume internamente. En ese vacío, iniciativas subnacionales como la de Río Negro ganan relevancia como laboratorios normativos.
A nivel federal, el Senado tiene pendientes desde hace años proyectos de interoperabilidad del Estado que nunca alcanzaron sanción. La Ciudad de Buenos Aires avanzó más que otras jurisdicciones con su ecosistema de datos abiertos (data.buenosaires.gob.ar), pero tampoco cuenta con una ley de gobernanza de datos públicos en sentido estricto. Río Negro podría convertirse, si el proyecto prospera, en la primera provincia argentina con un marco de este tipo.
Brasil con la LGPD, Chile con la Ley 21.719 y Colombia con el CONPES 3975: el contraste regional
En América Latina, los marcos de gobernanza de datos públicos van por carriles distintos según el país. Brasil incorporó en la Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei 13.709/2018) obligaciones específicas para los organismos públicos en el tratamiento de datos personales, pero la gobernanza del dato no personal —el que producen los ministerios en su gestión cotidiana— sigue siendo un área de baja regulación. La Estratégia de Governo Digital 2024-2027 contempla lineamientos de interoperabilidad, aunque sin fuerza de ley.
Chile sancionó en 2024 la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales, que moderniza el régimen de privacidad e incluye disposiciones para el sector público, pero tampoco aborda la gobernanza integral del dato estatal. Colombia, en cambio, tiene el antecedente del CONPES 3975 (2019) de Política Nacional para la Transformación Digital, que sí incluye lineamientos de gestión de datos públicos con roles y responsabilidades definidos para las entidades del Estado —aunque como política, no como ley con enforcement directo. El proyecto de Río Negro, si incluye sanciones por incumplimiento, podría tener más dientes que el modelo colombiano.
Qué monitorear: el texto final, el órgano rector y si el modelo puede replicarse en otras provincias
Los próximos hitos a seguir son tres. Primero, el texto definitivo que salga del debate parlamentario: los artículos sobre el órgano rector y la obligatoriedad de los estándares para organismos descentralizados definirán si el marco tiene capacidad real de implementación o queda como declaración de principios. Segundo, el mecanismo de financiamiento y recursos humanos: un marco de gobernanza sin capacidad técnica instalada en los organismos productores de datos fracasa en la práctica, independientemente de su solidez jurídica. Tercero, si otras legislaturas provinciales —Neuquén, Santa Fe, Córdoba— toman el proyecto rionegrino como modelo, lo que podría acelerar una convergencia normativa subnacional que el Congreso Nacional todavía no pudo generar.
Nuestro análisis
El valor del proyecto de Río Negro no está en su perfección técnica —que no podemos evaluar sin acceso al texto completo— sino en la pregunta que instala: ¿quién es el dueño del dato en el Estado provincial? Esa pregunta, que en el sector privado se resuelve con marcos como DAMA-DMBOK o CDMC del EDM Council asignando data owners y data stewards por dominio, raramente tiene respuesta explícita en los gobiernos subnacionales argentinos. Los datos de salud, los registros catastrales, los datos de gestión de obras públicas: todos se producen, se usan y se pierden sin un esquema de accountability claro. Si el proyecto rionegrino logra asignar esa responsabilidad funcional —no solo tecnológica— habrá dado un paso que muchas provincias con mayor presupuesto todavía no dieron.
El riesgo simétrico es que el debate sobre el órgano rector consuma la energía política disponible y el texto final quede como un marco declarativo sin capacidad operativa. Eso ha ocurrido con iniciativas similares en otros contextos: una ley que define qué es un dato público de calidad pero no designa quién responde si ese dato es incorrecto, incompleto o inaccesible es una ley que no cambia nada.
Si Río Negro sanciona un marco que asigna responsabilidad funcional sobre el dato —y no solo responsabilidad tecnológica— habrá creado jurisprudencia subnacional que el nivel nacional debería mirar con atención. La pregunta que queda abierta es si el Congreso Nacional esperará a ver cuántas provincias legislan por su cuenta antes de intentar una política federal de gobernanza de datos del Estado.
