En el lapso de tres días, Texas y Florida adoptaron medidas de emergencia para desmantelar sus redes de lectores automáticos de patentes (ALPR, por sus siglas en inglés). Texas prohibió el gasto de fondos públicos en cámaras Flock Safety el 28 de agosto; Florida ordenó retirar todos los dispositivos instalados en rutas estatales antes del 1° de octubre.
La decisión del gobernador Greg Abbott llegó horas antes de que el medio The Texas Tribune publicara una investigación que reveló cómo una agencia estatal había canalizado al menos 30 millones de dólares hacia la construcción de una red de vigilancia vehicular sin autorización legislativa explícita. El decreto prohíbe a las agencias estatales contratar o renovar acuerdos con Flock Safety, la empresa más extendida en el mercado de ALPR municipal en Estados Unidos.
Florida: 30 días para retirar cámaras de rutas estatales
El 31 de agosto, el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) emitió un memorándum respaldado por el gobernador Ron DeSantis que revoca todos los permisos de instalación aprobados previamente y prohíbe la emisión de nuevos permisos. Funcionarios del FDOT justificaron la medida citando “el aumento exponencial de despliegues a lo largo de nuestras rutas, acompañado de reportes preocupantes de mal uso, riesgos de privacidad de datos y esquemas de vigilancia que ameritan acción inmediata para preservar la soberanía y calidad de vida de los floridanos”, según se informó en medios locales. La orden desencadenó una ola de respuestas de sheriffs y autoridades municipales que comenzaron a retirar los dispositivos de sus jurisdicciones.
Qué se confirma y qué falta precisar
Está confirmado que ambas órdenes tienen carácter ejecutivo y efecto inmediato sobre el ámbito estatal, aunque su alcance sobre contratos municipales ya vigentes es aún objeto de debate legal en Florida. No está confirmado si Texas extenderá la prohibición a fondos federales canalizados por agencias estatales, ni si Florida contempla legislación permanente o la orden puede ser revertida por una administración futura. Tampoco se ha informado sobre auditorías formales a los datos de patentes ya recolectados ni sobre plazos de retención o eliminación de esa información.
El movimiento bipartidista que impulsó estos cambios lleva años activo: decenas de municipios en distintos estados habían rescindido contratos con Flock Safety antes de las órdenes estatales, según registros de agosto de 2026 citados por Ars Technica. La EFF documentó que agosto de 2026 marcó un récord en cancelaciones de contratos a nivel municipal.
En América Latina, el debate sobre ALPR tiene un marco legal distinto pero igualmente urgente. Argentina carece de regulación específica sobre sistemas de reconocimiento de patentes, aunque la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y las resoluciones de la AAIP obligan a encuadrar cualquier tratamiento masivo de datos de movilidad como dato personal cuando permite identificar a una persona. Brasil, por su parte, aplica la LGPD a sistemas similares desplegados por estados y municipios, y la ANPD ha señalado que el tratamiento de datos vehiculares con fines de seguridad pública requiere base legal expresa. México, bajo la LFPDPPP y la Ley General de Protección de Datos para el Sector Público, enfrenta un escenario similar: múltiples alcaldías y estados operan redes de ALPR sin marcos de retención ni auditoría formalmente establecidos.
El próximo hito es el 1° de octubre de 2026, fecha límite para el retiro físico de las cámaras en rutas estatales de Florida; cualquier incumplimiento municipal activará el primer conflicto jurisdiccional derivado de la orden del FDOT.
