El Consejo Constitucional de Francia anuló el 14 de agosto de 2026 la legislación que prohibía el acceso a redes sociales para menores de 15 años, prevista para entrar en vigor en enero de 2027. El tribunal determinó que la medida vulneraba la libertad de expresión de forma desproporcionada e inadecuada, en una decisión que reverbera directamente sobre el debate legislativo que viven varios países de América Latina.
La norma, que había generado amplio respaldo político en el Parlamento francés como respuesta a las preocupaciones sobre el bienestar digital de adolescentes, cayó en su primer control de constitucionalidad. El Consejo, máximo intérprete de la Constitución francesa, fundamentó su decisión en el Artículo 34 de ese texto, que exige que cualquier restricción a la libertad de expresión y comunicación sea apropiada, necesaria y proporcional al objetivo que persigue. La ley no superó ninguno de esos tres filtros.
Dos fallas fatales: generalidad del veto y ausencia de graduación individual
El tribunal identificó dos problemas estructurales en el diseño de la ley. Primero, la prohibición no distinguía entre tipos de plataformas: trataba de manera idéntica a una red orientada al entretenimiento viral que a un foro educativo o una comunidad de salud. Segundo, ignoraba por completo las circunstancias individuales de cada usuario: su edad exacta dentro del rango, su nivel de madurez y su contexto familiar. Un instrumento legal que opera con una única variable binaria —mayor o menor de 15— sobre una realidad tan heterogénea difícilmente puede superar un test de proporcionalidad serio.
La Electronic Frontier Foundation, que ha documentado esta oleada legislativa en múltiples jurisdicciones, señala que este tipo de prohibiciones afectan a todos los usuarios —no solo a los menores— al imponer obstáculos de verificación que enfrían el ejercicio de la libre expresión en línea. Además, el aislamiento digital forzado corta el acceso a recursos de salud, noticias y redes de apoyo que resultan especialmente críticos para jóvenes LGBTQ+ y poblaciones en situación de vulnerabilidad, según datos de Pew Research Center y otras organizaciones citadas en el análisis de la decisión.
El ciclo legislativo en LATAM: Argentina, Brasil y Chile ya debaten restricciones similares
La decisión francesa no es un dato lejano para la región. En Brasil, el Marco Civil da Internet (Ley 12.965/2014) establece protecciones para menores en línea, pero el Congreso discute desde 2024 proyectos que impondrían restricciones de acceso por edad a plataformas digitales, en paralelo al proceso de reglamentación de la Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Ley 13.709/2018) aplicada a datos de niños y adolescentes. En Argentina, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales contempla protecciones específicas para menores, y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) ha emitido lineamientos sobre consentimiento parental, pero no existe aún una prohibición de acceso equivalente a la francesa. En Chile, la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales —promulgada en 2024 y en proceso de implementación— incluye disposiciones reforzadas para datos de menores, aunque tampoco llega al nivel de un veto de acceso por plataforma.
En Colombia, la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios establecen restricciones al tratamiento de datos de menores, con control de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En México, la LFPDPPP (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares) aplica en términos generales, y el INAI ha abordado la protección de menores mediante criterios interpretativos, aunque el marco carece de una regulación sectorial específica para plataformas digitales. Lo común a todos estos esquemas es que ninguno ha avanzado hacia una prohibición de acceso total comparable a la francesa, pero los proyectos legislativos en trámite van en esa dirección.
Por qué el estándar de proporcionalidad europeo importa fuera de Europa
El razonamiento del Consejo Constitucional francés —exigir que la restricción sea apropiada, necesaria y proporcional— es metodológicamente afín al test de proporcionalidad que aplican tribunales constitucionales en Brasil, Colombia y Argentina cuando evalúan limitaciones a derechos fundamentales. Esto significa que un legislador latinoamericano que impulse una prohibición calcada de la francesa enfrentaría un argumento jurídico sólido ante su propio tribunal constitucional. La sentencia del 14 de agosto no es jurídicamente vinculante fuera de Francia, pero ofrece un precedente persuasivo de alto valor para la defensa de derechos digitales en la región.
El problema adicional que señala la decisión —la ausencia de graduación según tipo de servicio— es particularmente relevante para reguladores latinoamericanos que buscan redactar normas equilibradas. Una plataforma de comunicación entre pares no puede equipararse legalmente a una red de contenido algorítmico masivo, aunque ambas reciban el mismo nombre genérico de “red social”. Las categorías importan, y los legisladores que ignoren esa distinción redactan normas destinadas a ser impugnadas.
Qué monitorear: el rediseño legislativo en Francia y los proyectos regionales con estado parlamentario activo
La anulación no cierra el debate en Francia: el Parlamento puede redactar una nueva norma que supere los defectos identificados —diferenciación por tipo de plataforma, mecanismos de graduación individual, evidencia de proporcionalidad— y someterla a un nuevo control. Ese proceso de rediseño es, en sí mismo, un insumo valioso para legisladores de la región. En Brasil, los proyectos en comisión deberían incorporar este análisis antes de avanzar a plenario. En Chile, la autoridad de datos —el Consejo para la Transparencia hasta que entre en funciones el nuevo órgano previsto por la Ley 21.719— tendrá que emitir criterios sobre menores que enfrenten la misma tensión entre protección y proporcionalidad.
Nuestro análisis
La decisión del Consejo Constitucional francés vale menos por lo que prohíbe que por lo que exige: rigor técnico y graduación. Las prohibiciones blunt-instrument —una sola regla para toda plataforma y todo menor— son jurídicamente frágiles y, según la evidencia citada, también producen daño real en los grupos más vulnerables. América Latina está en una posición favorable para aprender antes de legislar: ningún país de la región ha promulgado aún una norma equivalente a la francesa, y el fallo de agosto de 2026 llega justo cuando varios parlamentos tienen proyectos en estado activo. El riesgo no es no regular; el riesgo es copiar un modelo que ya fue declarado inconstitucional en su país de origen.
La pregunta que deberían responder los promotores de estas leyes en la región no es si los menores necesitan protección en línea —eso nadie lo discute— sino si una prohibición genérica es el instrumento capaz de brindarla sin sacrificar derechos fundamentales que también les pertenecen a ellos.
