El 17 de septiembre de 2026, Amba Kak, co-directora ejecutiva del AI Now Institute, testificó ante el Monopoly Busters Caucus del Congreso de Estados Unidos en una audiencia informal titulada “AI Crossroads: Stopping Big Tech’s Race to Monopolize AI through Surveillance on Big Tech”. La convocatoria llegó en un momento de tensión entre quienes advierten sobre riesgos existenciales de la inteligencia artificial y quienes señalan un riesgo distinto, más silencioso y estructural: que un puñado de corporaciones controle la infraestructura, los datos y los modelos que definen cómo funciona la IA global.
La audiencia —calificada como “shadow hearing”, es decir, una sesión paralela sin poder legislativo formal pero con peso político real— apuntó específicamente a la vigilancia que Big Tech ejerce sobre el ecosistema de IA. El argumento central que rodea la comparecencia de Kak no es nuevo en los círculos de política tecnológica: empresas como Google, Microsoft, Amazon y Meta no solo compiten en IA, sino que controlan las capas fundamentales sobre las que cualquier otro actor —startups, gobiernos, instituciones académicas— debe construir. Computación en la nube, datos de entrenamiento, talento especializado y acceso a chips de alta performance son recursos concentrados en pocas manos.
Qué significa “monopolio de IA” más allá del debate en Washington
La concentración de la IA no es un problema exclusivamente estadounidense. Para América Latina, la dependencia de infraestructura y modelos desarrollados por corporaciones con sede en Estados Unidos representa una vulnerabilidad regulatoria concreta. Los gobiernos de la región carecen, en general, de capacidad de auditoría sobre los sistemas que adquieren o despliegan, y los marcos de contratación pública no contemplan aún cláusulas de portabilidad de modelos ni obligaciones de transparencia algorítmica frente a proveedores dominantes. En este escenario, si un país latinoamericano digitaliza su sistema de salud, su infraestructura fiscal o su aparato judicial apoyándose en modelos de un solo proveedor hiperscaler, la dependencia tecnológica se convierte en dependencia política.
El AI Act europeo y la asimetría regulatoria que LATAM no puede ignorar
La Unión Europea avanzó con el AI Act —en vigor desde agosto de 2024 en sus disposiciones principales— que contempla obligaciones específicas para modelos de propósito general con impacto sistémico, apuntando directamente a los grandes jugadores. La lógica regulatoria europea reconoce que ciertos modelos, por su escala, requieren un tratamiento diferencial que va más allá de la evaluación de riesgos por caso de uso. América Latina no tiene un instrumento equivalente. Brasil está avanzando en su proyecto de ley de inteligencia artificial (PL 2.338/2023), que contempla disposiciones sobre sistemas de alto riesgo y transparencia, pero aún no aborda de manera explícita la concentración de mercado como riesgo sistémico. México cuenta con lineamientos del IFT sobre IA aplicada a telecomunicaciones, y Colombia publicó su política de IA en 2019 actualizada en 2022, aunque ninguno de estos marcos regula el poder de mercado en IA de forma directa.
Por qué la vigilancia corporativa es el eje del debate, no solo el poder de mercado
El título de la audiencia incluye explícitamente la palabra “surveillance” —vigilancia— como dimensión del monopolio. Esto no es accidental. La lógica de negocio de las plataformas dominantes en IA se apoya en la acumulación de datos a escala masiva: datos de comportamiento, de contenido generado por usuarios, de transacciones y, cada vez más, de interacciones con sistemas de IA conversacional. Esa acumulación crea una ventaja competitiva autorreinforciante que ningún actor regional puede replicar. Para reguladores de países como Argentina —cuya Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) tiene competencia sobre datos personales bajo la Ley 25.326— o Colombia —con la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de protección de datos—, la pregunta relevante es si las herramientas de privacidad son suficientes para abordar un problema que también es de competencia económica.
PL 2.338/2023 de Brasil y la oportunidad de incorporar cláusulas anticoncentración
Brasil tiene la ventana legislativa más concreta de la región para actuar. El PL 2.338/2023, que define un marco de riesgos para sistemas de IA, sigue en proceso parlamentario y ha recibido múltiples enmiendas. Organizaciones de sociedad civil brasileña han impulsado incorporar lenguaje sobre poder de mercado y acceso equitativo a infraestructura de IA, pero según se informó, estas propuestas no han logrado aún consenso suficiente en el Senado. La experiencia del Monopoly Busters Caucus en Estados Unidos —aunque sin fuerza legislativa directa— ofrece un argumento político adicional para quienes dentro del Congreso brasileño buscan blindar la ley contra la captura regulatoria por parte de los mismos actores que se pretende regular.
Nuestro análisis
La comparecencia de Kak ante el Monopoly Busters Caucus es relevante para LATAM no por lo que diga el Congreso de Estados Unidos, sino por el marco conceptual que instala: la concentración de IA es un problema de poder, no solo de tecnología. Mientras el debate regional sigue anclado en categorías de riesgo por caso de uso —modelos que discriminan en crédito, sistemas de reconocimiento facial en seguridad pública—, la capa de infraestructura permanece fuera del escrutinio regulatorio. Un país que aprueba una ley de IA sin abordar quién controla los modelos fundacionales y los datos de entrenamiento habrá legislado sobre la capa visible mientras deja intacta la capa de poder real. La región necesita reguladores con competencias cruzadas entre privacidad, competencia económica y IA —algo que hoy ningún país latinoamericano tiene de manera integrada. La pregunta que deberían hacerse los legisladores en Brasilia, Ciudad de México y Buenos Aires no es solo “¿cómo regulamos la IA?” sino “¿a quién protege esa regulación si no toca la concentración de mercado?”
Legislar la IA sin tocar la concentración de infraestructura no es regulación: es decoración normativa sobre un poder que ya está consolidado.
